Los graves problemas económicos y las trágicas consecuencias que conllevan para muchos individuos y familias, la constatación de que las políticas que se llevan a cabo implican sacrificios sin que se vean recompensados, al menos en el tiempo que se pretende, con soluciones, la confusión de las propuestas en un debate político en el que lo más llamativo es el enfrentamiento y la descalificación de los adversarios, los fallos en el comportamiento (o los delitos) de los políticos, llevan a una amplia frustración de la que, a menudo, se pretende salir con la sugerencia o demanda de pactos y consensos. Se sugiere que si no es posible es por intereses egoístas o por no enfrentarse a lo que sería un malentendido que debe ser resuelto.

La paradoja es doble. Los que se quejan de la tendencia –o la obligación impuesta- a los gobiernos de tecnócratas como modo de secuestrar la democracia parecen entender que la salida de la crisis es una cuestión científica, racionalmente establecida, que no se logra por el enfrentamiento político y personal de unos y otros. Y, por otro lado, los que reprochan que la política no responda a la exactitud de las propuestas de los programas electorales terminan sosteniendo que, más bien, deben responder no a lo que se prometió sino a algo parecido a la media aritmética de las promesas y no a la letra de aquellas.

La democracia supone la confrontación de ideas y propuestas. Se basa en el pluralismo y no en la homogeneidad y, de esa confrontación, se eligen –siempre temporalmente- las que más votos consigan. La democracia, asimismo, supone instituciones, es decir, conjuntos de reglas que deben ser respetados en el debate y en el Gobierno resultante.

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La exigencia de consenso en las decisiones políticas, en vez de procedimientos democráticos, no es defendible. En ocasiones, sencillamente, es imposible. En otras, vulnera la elección de los ciudadanos sobre quién y cómo debe gobernarse. Ahora se ha llegado a pedir (el ex presidente del Congreso Manuel Marín entrevistado por Victoria Prego en El Mundo) un Gobierno de coalición PP-PSOE, de vigencia limitada aunque para desarrollar un plan a largo plazo. La vigencia del pretendido plan no puede asegurarse porque depende, en cada momento, de la voluntad de los ciudadanos. Y la coalición, sean cuales sean los resultados electorales (en este caso, además, mayoría absoluta del PP), hace innecesarias las elecciones o limita la democracia al momento en el que las decisiones son sencillas y las circunstancias favorables.

Como defiendo que la democracia es pluralismo y confrontación política razonable recelo del consenso como pócima definitiva y me parece, más bien, que es un recurso psicológico ante los problemas: si están de acuerdo, acertamos… hasta que todos los partidos, o muchos, o los principales, se ponen de acuerdo en lo que no nos gusta, como ha ocurrido en España en tiempos recientes y mientras se alababa el consenso y la salvífica unión de todos.

Pero he hablado también de conjuntos de reglas, que son y conforman las instituciones. En este tema, que responde a lo que se suele llamar “consensos básicos”, sí es necesario el consenso lo más amplio y respetado posible. Instituciones, independencia de la Justicia, organismos de control…Y en este tema, sí que estoy de acuerdo con lo que dice Manuel Marín en la citada entrevista: “los partidos controlan con el mando a distancia a todos ellos: la Comisión del Mercado de Valores, la de la Energía, la de Telecomunicaciones, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional. Así que todo el sistema institucional, como se dice en mecánica, ha gripado, ha dejado de funcionar normalmente por la invasión de la política y de los partidos”. Magnifica descripción de la “partitocracia” la de la imagen del mando a distancia, que es donde hace falta el consenso básico para terminar con él y que funcione la democracia.

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