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(ARTÍCULO PUBLICADO EL SÁBADO 20 DE OCTUBRE EN “EL ECONOMISTA”)

“Los problemas no se solucionan creando otros problemas” dijo el presidente Rajoy al comienzo de la campaña electoral en Galicia refiriéndose a lo que se ha dado en llamar, con un eufemismo ya antiguo, “crisis territorial” y con un mensaje también conocido en un momento en el que, desde el Gobierno y otros sectores, se propone una dedicación prioritaria, y que exigiría unidad, a la crisis económica. Sin embargo, quizá sea precisamente la crisis económica la que levanta los velos bajo los que estaban los otros problemas, agita el malestar y convierte, tanto entre los “unionistas” como entre los separatistas, la crisis territorial en un acuciante asunto económico. No sin sagacidad, el diario francés Le Monde se refería a la enorme manifestación catalana de la Diada subrayando que “los catalanes, dopados por la crisis, salen a la calle pidiendo la independencia”.


La cuestión de las identidades nacionales (o nacionalistas) no es de ahora, pero el “hecho diferencial”, en estos momentos, parece aludir –en España y en otros países europeos- a un supuesto desequilibro negativo, que los más radicales llaman “expolio”, por la pertenencia al Estado. En épocas de hipotética bonanza, aunque estuvieran bajo la superficie las fallas que ahora aparecen a la vista, se podían, por decirlo de alguna manera, sobrellevar las reivindicaciones nacionalistas o autonómicas pese a que muchas de ellas se toparan después con la legalidad, como ocurrió con la reforma del Estatuto de Cataluña. Pero al presidente Rodríguez Zapatero no le iba mal, desde el punto de vista retórico y estratégico, diciendo que aceptaría lo que aprobase el Parlamento de Cataluña o sugiriendo, en otra campaña autonómica en Galicia, que aquella comunidad autónoma debería pedir lo que creyera conveniente porque se trataba “de que todos estén a gusto en España”. Esta oferta misma, y la constante alusión a que “nos lo podemos permitir” porque la economía iba bien, revela ya la existencia de un problema territorial en el que jugaban tanto las reivindicaciones nacionalistas como el hecho de que la Constitución de 1978, asegura el catedrático Tomás Ramón Fernández –que formó parte de la fallida comisión de expertos que se constituyó en 1981 para coadyuvar a la ordenación del proceso autonómico-, “renuncia a establecer un modelo territorial del Estado” y, por no decidir, concibe “la autonomía territorial como un derecho” para válido para “todo tipo de demandas, ya fuesen de máxima autonomía política, ya de mera descentralización administrativa”. Si esta suerte de equilibro inestable ha sobrevivido mal que bien a la constante tensión entre el Estado y las comunidades autónomas, se diría que la crisis –y las cuestiones económicas antecedentes- lo ha hecho estallar.
En Cataluña, el tema identitario, el “derecho a decidir”, incluso una reforma del Estatuto que sobrepasaba, como señaló el Tribunal Constitucional, las previsiones de la constitución, se ha convertido en la convocatoria de una elecciones autonómicas anticipadas para que, según Artur Mas, la respuesta a la negativa a un “pacto fiscal”, sea el ejercicio, mediante referéndum en la siguiente legislatura, del “derecho de autodeterminación”. Si la intención es clara, como su efecto estratégico, la concreción queda en la nebulosa. Esta misma semana, Mas ha elucubrado diciendo que la “independencia” que propone no sería la “clásica” sino, para evitar la posibilidad de quedar, aunque sea provisionalmente, fuera de la Unión Europea, una “interdependencia” con España, fundamentalmente en seguridad y defensa, y con la UE. Pero la intención de “retar” al Estado, incluso más allá de lo que la legalidad permite, queda tan patente como el hecho de que en la opinión pública catalana tiene peso ascendente la sensación de que Cataluña está gravemente dañada por la asimetría entre los impuestos que se pagan y el retorno que conllevan hasta el punto de que el juicio sobre la gestión de la Generalitat pasa a segundo plano (o a tercer plano, o desaparece…).
El CIS, en 2001, preguntó en Cataluña si los encuestados eran favorables o no a la independencia. El 35,9% respondió que sí y el 48,1% que no. En una encuesta del Centro de Estudios de Opinión de 2012 se asegura que, ahora, los favorables serían el 51,1%. Un sondeo de El Periódico, sin embargo, cifraba, en plena ebullición del debate, en el 34,1% los partidarios de un estado independiente y en 26,1% el de los defensores de un estado en una España federal. Nadie parece dudar, con Artur Mas y CiU a la cabeza, de que que el sentimiento secesionista ha aumentado y de que crece, como dice el ex secretario general de ERC Joan Ridao, un “independentismo de corte posibilista”, es decir, creado en el caldo de cultivo del sentimiento de maltratados económicos, sea o no verdad, que se suma al tradicional “independentismo emocional”. Y se fomenta la idea: Artur Mas aseguraba a un grupo de parlamentarios alemanes que Cataluña en España era como Alemania en Europa, que con su trabajo e impuestos sostenía a otros más allá de lo razonable.
País Vasco: más nacionalistas que nunca
Mañana se celebrarán en el País Vasco las elecciones autonómicas que el lehendakari López adelantó al perder el apoyo parlamentario del PP. Los sondeos de estos últimos meses prevén que la suma de los partidos nacionalistas (PNV, situado en primer lugar en las encuestas, y Bildu) suponga una mayoría considerable –el 59,4% según la estimación del CIS-, la más importante hasta ahora. Se debe, ciertamente, a causas distintas del crecimiento del separatismo en Cataluña, como es el retorno apabullante de la Izquierda Abertzale, antes ilegalizada, a las elecciones, pero el elemento distorsionante, y su encuadramiento en los factores económicos, es similar. En esta campaña, los partidos “constitucionalistas”, han insistido en que la independencia sería una ruina –por su efecto en las relaciones comerciales o el déficit en materia de pensiones-, aunque el Partido Socialista de Euskadi, como elemento de confrontación con los “recortes” del Gobierno de Rajoy, habla de una autonomía en la que se debería profundizar, como una suerte de “soberanía económica”, para sustentar ese “modelo Euskadi” en lo social que proclama Patxi López.
Iñigo Urkullu, candidato del PNV, no ha querido ni mentar la palabra independencia en la campaña, pero, en el fondo de su discurso, late el planteamiento de que la propuesta de un nuevo Estatuto es, desde el punto de vista competencial y de organización, el elemento esencial de que el País Vasco no vea mermadas sus posibilidades de futuro por un modelo de Estado que no le satisface: gestionarán mejor “su” dinero, asegurarán la protección social con “su” dinero y, aunque haya una discusión contable sobre las pensiones, las gestionarán mejor y más saludablemente con mayor soberanía económica. Ni Bildu ha escapado al efecto en los ciudadanos, y en su opinión sobre el Estado, de la crisis: hay que independizarse –dicen sus candidatos “de una España corrupta y neoliberal” que se aprovecha de los ciudadanos vascos. No parece, a priori, que PNV y Bildu vayan a sumar sus parlamentarios para gobernar Euskadi y está claro que no han considerado conveniente, dada la batalla entre ambos por la hegemonía en el nacionalismo, dar sensación de entendimiento antes de acudir a las urnas. El PNV, además, está escaldado por el Plan Ibarretxe, no tanto por su rechazo en el Congreso, sino por el efecto nocivo que tuvo en el partido y en la opinión pública vasca, pero late, en la ebullición de los nacionalismos, lo que pueda pasar en el futuro y el efecto de arrastre de lo que ocurra en Cataluña. El PNV podría gobernar en minoría pero no aprobar un nuevo Estatuto, como proclama, sin el apoyo de otros y, como dice el ex secretario general de UGT Euskadi, Carlos Trevilla, “España, presentada como un lastre para Euskadi, se ha convertido en un mantra para recuperar el debate soberanista”.
Galicia: menos pero quizá muy influyentes
También este domingo acuden los gallegos a las urnas. Los analistas y los sociólogos debaten si el PP de Feijoo podrá revalidar la mayoría absoluta, lo que es difícil pero posible (el sondeo electoral del CIS se la otorga con 38 escaños y algo más del 44% de los votos). Si no lo lograra, la opción no podría ser otra que el pacto entre socialistas y nacionalistas, ahora divididos por los problemas y disensiones en el BNG. El nacionalismo gallego no es comparable, en peso social y electoral, con los de Cataluña y País Vasco pero, en cierta medida, puede decirse que, a pesar de las divisiones, está levemente al alza. Según el CIS, el Bloque (15,6% en el sondeo) y EU-ANOVA (Izquierda Unida tintada por los disidente del Bloque, 4,6%) podrían sumar 20,2% del voto válido, cuando Bloque y EU sumaron en 2009 el 17,56%. Si el nacionalismo gallego no es determinante socialmente, lo podría ser políticamente en un hipotético pacto con los socialistas para el que Francisco Jorquera, candidato del BNG, ya ha pedido un papel principal de los nacionalistas en presencia y programas. Feijoo, que ya ha aludido a ello en el final de la campaña, tiene el reto doble de conseguir la continuidad de su gobierno y de evitar que las reivindicaciones nacionalistas se planteen acentuadas en el escenario político gallego.
La crisis actúa como estimulante de la fiebre nacionalista en las “comunidades históricas” y, en las demás, de posiciones particularistas o de desafección interesada al Estado, como si, en la angustia de las dificultades, la defensa “egoísta” de lo propio fuese una tabla de salvación. O el espejismo de ella. Aquí y en otros lugares de Europa.

UN FENÓMENO EUROPEO
La crisis económica ha afectado gravemente a Europa y a la arquitectura de la Unión. Ha hecho que se vean claramente lo que se ha dado en llamar “defectos de fabricación” y los planes de rectificación e impulso de la construcción europea, a pesar de la retórica, se topan de bruces con el surgimiento, en la defensa asustada de lo propio, de impulsos nacionalistas, denunciados, entre muchos, por el ex presidente Felipe González al presentar el informe del “comité de sabios” que encabeza sobre el futuro de la Unión. La desafección a una Europa Unida se da, por tanto, en muchos Estados y parlamentos de miembros de la Unión y dentro de ellos. Si Isaiah Berlin escribió que siempre había oído hablar del fin de los nacionalismos sin que nunca se produjera, lo cierto es que rebrotan en periodos de crisis, como ocurre ahora y ocurrió en el periodo de entreguerras buscando refugio en la “soberanía” y hasta en las economías nacionales autárquicas.
Por sólo citar dos ejemplos, en el seno de los Estados, Escocia celebrará en 2014 un referéndum sobre su independencia del Reino Unido, una reivindicación constante del líder nacionalista Alex Salmond, y los nacionalistas flamencos, ganadores en los comicios locales belgas en Flandes, exigen negociar para ese mismo año una “reforma confederal” a la que el gobierno de Bruselas se niega. Lo interesante es el factor económico. La Alianza neo-flamenca quiere soberanía económica contra lo que llama “Gobierno de impuestos” de Bélgica, y Salmond denuncia el “expolio” de los recursos naturales de Escocia. Significativamente, Cameron, tras firmar el protocolo del referéndum, visita unos astilleros escoceses que fabrican buques para la Royal Navy para mostrar así que el cliente de los escoceses es el Reino Unido. La identidad está, a la postre, en el bolsillo y, en tiempos de crisis, éste se cierra.

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