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Lo paradójico del debate actual (y también de la satisfacción de algunos porque los reticentes parecen aceptar su “tesis”) es que, en vez de dar con el modo de reencontrar el crecimiento con una determinada política, parece que todo se reduce a conseguirlo con un dinero público que no existe, es decir, que nos hemos ya gastado o que tenemos que destinar a inevitables partidas para la supervivencia: intereses y pago de la deuda, protección social a los desempleados, etc.
Cuando se habla de promover el crecimiento todo se reduce, a la postre, a la utilización de una cantidad de dinero europeo (Fondos Estructurales de la Unión, Banco Europeo de Inversiones…), necesariamente reducido para todos los países miembros, destinado a obras públicas –autopistas y gaseoductos, como ironizan los escandinavos- que, por útiles que sean, no garantizan el desarrollo urgente que se necesita ni aseguran que el hipotético crecimiento sea sostenido. Otros se conforman con añadir algún párrafo teórico y bienintencionado al Pacto por la Estabilidad más como manifestación de un deseo que como fórmula de una política concreta. De hecho es una de las propuestas de François Hollande, que no se opone al Mecanismo Europeo de Estabilidad que, como dice su programa, lo legislaría como una Ley Orgánica que prevea el equilibrio presupuestario en 2017. Quienes han quedado fuera, por distintas razones, son el Reino Unido y la República Checa, por lo que no habrá reforma de los tratados sino este nuevo “pacto de accionistas” pensado inicialmente para la zona euro y posteriormente ampliado por voluntad de otros países. No hay, por otra parte, “Plan Marshall” europeo posible que sea serio porque no hay dinero para ello y porque no tendría sentido querer desligarse de la férrea doctrina de ajuste de algunos países poderosos, sobre todo Alemania, pidiéndoles al mismo tiempo una aportación extraordinaria para incrementar unos fondos destinados a nuevas inversiones pero que necesitamos para obligaciones perentorias.
Precisamos terminar rápida y eficazmente con la reestructuración del sistema financiero, reconocido como uno de los principales problemas (que afecta directamente a la necesidad de crédito), materia además en la que parece haber una voluntad de acuerdo responsable entre los dos grandes partidos españoles y, sin embargo, siempre pendiente. Los dos principales bancos –BBVA y Santander- acaban de ver rebajada su nota por Standard&Poor’s, en el mejor de los casos por causa de la situación general del sistema financiero español, aunque las autoridades europeas siguen entendiendo que han hecho sus deberes (en lo que a activos inmobiliarios y diversificación sectorial y geográfica) y, por ello, presentan cuentas sólidas. Pero seguirá dañándose su imagen si no se abordan otras entidades en dificultades, procedentes en su inmensa mayoría de las cajas de ahorro, y que constituyen un verdadero problema y un lastre. Nadie niega que, al margen de nuevas y prometidas noticias sobre adquisiciones o fusiones, necesitan mucho más que el dinero que ya han recibido directamente o mediante avales públicos. El Gobierno se niega por el momento a nuevas inversiones públicas para la reestructuración bancaria o a pedir ayudas europeas para las que contarían, entre otros, con el apoyo de Francia, Países Bajos e Irlanda pero como milagros no hay habría que plateárselo seriamente si no se presenta otra alternativa mejor. El sistema financiero debe funcionar con urgencia y abandonar, además, una senda en la que las necesidades son cada día mayores. De hecho, la estimación actual es superior en por lo menos 8.000 millones de euros a la de junio de 2011. Si el Gobierno teme la oposición a ayudas a un sector que se considera en el origen de la crisis debe evaluar las consecuencias de no hacerlo, explicar la situación y los objetivos u ofrecer alternativas creíbles que, por el momento, son más que dudosas.
Se considera, al mismo tiempo, una doble cuestión. De un lado, el cambio del estatuto del Banco Central Europeo para la formalización definitiva de los eurobonos y la posibilidad, sin subterfugios ni limitaciones, de la inversión del mismo en deuda soberana de los países miembros, seguramente el único modo eficaz, mientras no se vayan reduciendo las necesidades de nuevo dinero mediante el ahorro oportuno y continuado. Es también una reivindicación del candidato socialista a la presidencia francesa pero fue, no hay que olvidarlo, un empeño serio del PP antes de las elecciones de noviembre pasado y, en concreto, del actual ministro de Exteriores cuando era vicepresidente de la Comisión de Economía del Parlamento Europeo. Debería ser ahora un objetivo de la política exterior y del trabajo de Economía en las instituciones europeas de primer orden. Y, de otro, la posibilidad de flexibilizar –sin perder los objetivos, como angustioso recurso de urgencia- las actuales exigencias, pactadas, de reducción del déficit. Ambas cuestiones cuentan con la oposición alemana, como se la encontró García Margallo en la Eurocámara y como se la ha encontrado parcialmente Rajoy en la Comisión, pero deberían buscarse aliados y argumentos sin pérdida de tiempo. Es mejor convencer a los alemanes que obtener un gesto de beneplácito, como el que su ministro de Economía dispensó a España hace unos días en Santiago de Compostela.
Evidentemente, si necesitamos soluciones solidas para estos problemas es complicado exigir a nuestros socios que, en vez de ello o complementariamente, doten de fondos a supuestos instrumentos de inversión para un hipotético crecimiento que dependería, en su caso, de decisiones políticas coyunturales y no, como debería ser, de una nueva ordenación del marco económico y de un nuevo Gobierno europeo real y eficiente. Para crecer se necesitan inversiones, no hay duda, pero hay que dilucidar si tienen que ser públicas e intervencionistas (ya tenemos la experiencia del Plan E) y necesariamente limitadas por la disposición de dinero real o es más conveniente, mediante medidas como la expuestas, dotar de crédito y posibilidades a la iniciativa privada. El think tank de centro-izquierda Les Gracques recomendaba hace un par de semanas a su candidato preferido en Francia, el ya citado François Hollande, que recordara que el alza de fiscalidad no crea puestos de trabajo, sino las empresas. Y que estas y las que puedan surgir precisan, entre otras cosas, un marco estable, la reducción de burocracias y el exceso en el gasto público, medidas propiciadoras de la competitividad, beneficios fiscales, reglas claras y estables, orden y concierto en el crédito de un eficiente sistema financiero, una Administración aligerada (para que haya un Estado fuerte pero no obeso) y una nueva perspectiva europea.
Ya sé que es más fácil diseñar todo esto ante el ordenador que en la política del día a día pero no por ello, creo, debe dejar de renunciarse a la retórica y a la anestesia momentánea, sino plantear –o replantear- estas cuestiones con exigente realismo.

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