Hasta hace no mucho, el 6 de diciembre era una jornada de exaltación de la Constitución, a veces incluso con un entusiasmo a mi juicio exagerado. La Carta Magna era, como colofón de los primeros compases de la Transición, la materialización de un consenso que, según el momento, se deseaba, se había logrado o se añoraba. Era la prueba de que el franquismo había terminado para dar paso a una nueva época, el texto que nos equiparaba a las democracias tanto tiempo envidiadas. Su formulación ambigua en tantos artículos sería para que unos la ensalzasen en defensa de una planificación económica contraria a la Europa, y la España, “de los mercaderes” y otros la citaran para sostener la economía de mercado contra los afanes intervencionistas del Gobierno. La derecha la veneraba proclamando la necesidad de que se volviese a su espíritu y la izquierda se la apropiaba, como algo siempre presente en sus objetivos a diferencia de una derecha que, decían, fue más que recelosa en el momento de su aprobación. El Estado de las Autonomías que consagraba era el no va más de los modelos de organización y así se recordaba cada año. Se diría que contenía las aspiraciones de todos, se enarbolaba contra cualquier enemigo de la democracia y las libertades. Cada cual la podía usar en interés de sus proyectos pero, sin duda, era el referente de todos.
Sin embargo, tengo la impresión de que, a un lado el protocolo y los actos oficiales de este 6 de diciembre de 2011, el entusiasmo ha decrecido y, sin quererle quitar mérito alguno, ha dejado de ser el referente permanente, la cita obligada para argüir a favor del consenso básico o de las ideas particulares de quienes participan en el escenario político, ya sea éste oficial o no. Es evidente que, ante las dimensiones de la crisis económica y en un momento en el que se debate el futuro de Europa y del euro, las ansiedades han girado en el teórico gráfico de las preocupaciones ciudadanas. Pero no es, a mi juicio, la única causa del enfriamiento de la pasión por la Constitución de 1978. Con la discusión del Estatuto de Cataluña y el recurso y posterior sentencia sobre el mismo del Tribunal Constitucional se planteó abiertamente, junto a otras cuestiones concretas, el concepto de prevalencia del principio democrático sobre el principio de legalidad, como si nada, ni la propia Constitución, pudiera oponerse a proyectos amplia o mayoritariamente respaldados. Los desencantados por una cosa o la contraria vienen ya desde hace tiempo reclamando una reforma en vez de, como ocurría antes, señalar que en su texto está la solución que la política cotidiana hubiera podido defraudar. Los reformadores “posibilistas” parece que desean una Constitución “de goma” que se puede estirar, incluso sin prudencia alguna, para que quepa todo sin atender a la letra. Ciertamente, en la valoración de amplios sectores de la opinión pública, la Constitución ya no es lo que era como símbolo y como norma concreta.
La pérdida del bullicio emocionado en torno a un texto tan excesivamente largo como fruto de acuerdos apresurados en los que se sustituye a menudo el consenso verdadero por la superposición de posiciones contradictorias no me parece, 33 años después, mala noticia. El hecho de que se abandone el carácter dogmático con que se ha adornado a veces la Constitución por el análisis sereno de la posibilidad, o incluso la necesidad, de reformarla tampoco. Pero, en el tráfago de discusiones y disidencias de hoy, sí me parece peligroso que un cierto asamblearismo como concepto madre y las consiguientes dosis de furor, aparquen las ideas elementales de que no hay oposición entre la democracia “real” y el texto constitucional, que el modo de sustentar el respeto a las minorías y el papel legítimo de las mayorías es, precisamente, ajustándose al texto concreto de la Ley vigente por muy reformable que sea y a los procedimientos establecidos, de que contravenir lo acordado por una hipotética mayoría sin ajustarse a la legalidad es la negación de la democracia y, desde luego, del Estado de Derecho, de que no hay “espíritu constitucional” sin la argamasa de lo que realmente dice, como máxima norma, incluso para proceder a cambiarlo. En definitiva, que no hay democracia sin Constitución –hoy, sin la que tenemos- y da pavor que, por afán de cambiar ésta, se termine, como suele decirse, dejando caer al niño por el desaguadero y quedándose con el agua sucia

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