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En el torrente de declaraciones tras el comunicado de ETA en el que anunciaba el “cese definitivo” de su actividad terrorista no hay una propuesta común sobre lo que ahora haya que hacer ni, lo que es más signifiativo, acerca de las causas de lo ocurrido, seguramente porque el análisis de lo que ha llevado a la banda a esta situación implica también, al menos en parte y si dejamos por el momento a un lado la habitual incoherencia política, lo que desde este momento haya que mantener, modificar o poner en marcha.
Entre los no nacionalistas hay una coincidencia en algunas de las causas: el trabajo policial, el de la Justicia, la cooperación internacional, la Ley de Partidos y la movilización social. Habría que subrayar sin embargo que, durante mucho tiempo, la movilización social -en general y en particular en el País Vasco- ha sido más débil y atemorizada que enérgica y pública. En momentos concretos, como tras el asesinato del concejal popular de Ermua Miguel Ängel Blanco, se hizo patente y arrastró a la política, pero, salvo esas excepciones que duraron más bien poco, la ciudadanía se guardaba su enfado y su rabia en el ámbito privado o cedía en su fuero interno o público al sinsentido moral de reclamar que acabara el terrorismo “como sea”, lo que abarcaba desde los atajos ilegales a la negociación política.
El cambio de la opinión pública se ha ido produciendo con un tremendo exceso de lentitud, y tanto ese cambio como su aceleración en el último tramo de esta bárbara historia han sido impulsados por la firmeza del Estado, que también tardó en desprenderse de sus complejos, en imponer el imperio de la ley a los tejemanejes políticos: el apoyo y la confianza en las Fuerzas de Seguridad, las modificaciones legales y, en concreto, la Ley de Partidos, la acción de la Justicia, los acuerdos internacionales… Es decir, el convencimiento de que lo ética y prácticamente conveniente era no dejar aire para respirar a ETA y sus secuaces políticos abandonando de este modo la idea falsa de que haciéndolo no se podría superar el “empate infinito”. Recuérdese que la Ley de Partidos y el inicio del proceso de ilegalización de Batasuna son de las escasísimas inicitivas políticas en las que, desde el comienzo de la Transición, los dos grandes partidos con capacidad de gobierno pactaron sin el empeño previo de sumar a los nacionalistas.
También entre ellos, los no nacionalistas, hay diferencias en el análisis porque algunos, sobre todo pero no únicamente en el socialismo, añaden a lo anterior el efecto del “proceso” impulsado por el presidente Rodríguez Zapatero y, paralelamente, la voluntad de algunos líderes de la Izquierda Abertzale de terminar con la violencia. La primera de estas consideraciones, a mi juicio, no se sostiene salvo abonándose a un burdo historicismo retrospectivo: como hay “cese definitivo” en 2011 todo lo que se haya hecho antes, una cosa y la contraria, de los GAL al “proceso”, entraría en las causas de lo que se convierte en una suerte de imperativo histórico. Hay quien piensa, como Eguiguren, que lo que llama “enfrentamiento” entre algunos dirigentes de la Izquierda Abertzale y ETA “surge de las cenizas de la T-4” pero ni parece sensato alegrarse de que aquellas cenizas -y sus asesinatos- fueran causa de lo que ahora ocurre ni propiamente la causa sería el “proceso”, sino su fracaso, es decir, la vuelta a una política de enfrentamiento legal con la banda. Que ha habido un grupo de dirigentes de Batasuna que han defendido la postura estratégica de que no conviene proseguir con la actividad terrorista es un hecho pero, como escribió Patxo Unzueta en El País el día siguiente al comunicado, “esto depende sobre todo de la Policía y los jueces”. No hay una reflexión ni moral ni polítia sobre el terrorismo, sino que no conviene porque, en el enfrentamiento, gana el Estado y una Batasuna con terrorismo desaparece.
Como esta persecución ha sido eficaz a diferencia de otras aventuras, no se entiende tampoco que algunos sectores del PP, que se presentan como valedores de las únicas esencias dogmáticamente aceptables, quieran ver en el “cese definitivo” la prueba de que la causa del comunicado es una negociación traicionera y soterrada con ETA. No aportan pruebas de ello ni se compadece con la realidad sostener que no hubo rectificación gubernamental tras el atentado de Barajas. Y, lo que es todavía más incoherente a mi juicio, es que, con este planteamiento, parecen negar eficacia a la política antiterrorista del PP: al paso adelante de la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna iniciadas por Aznar cuando el Tribunal Constitucional puso en libertad a la Mesa Nacional, a las demás reformas legales, a la intensificacion de la lucha policial, al impulso que todo ello supuso para la opinión pública.
Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, analizando la situación de ETA en 2008 (cuando era jefe de la banda), escribía que “el declive vino a partir de 2001” y que no era, por una serie de factores “que tenían todos que ver con la eficacia de la persecución policial” (Florencio Domínguez en La Vanguardia del 2 de noviembre), algo coyuntural o una mala racha, sino “imparable” y causa de que “la capacidad militar de la organización será cada vez menor”. Este trabajo del Estado, cuando gobernaba el PP, y que se ha seguido salvo el paréntesis del “proceso”, es el que ha conducido a ETA a la situación en que hoy se encuentra, al comunicado de cese de actividades y es también el que llevará, si se mantiene, al final definitivo. Si no tiene ningún sentido que el PSOE trate de apropiarse electoralmente de esta buena noticia, en contra -como se ha llegado a decir- de lo que hizo el PP y hasta el punto de que entre sus méritos esté una cosa y la contraria, tampoco lo tiene que -como parece decir este sector popular, como si molestara que el comunicado llegue gobernando aún Rodríguez Zapatero- que el cese responde a una negociación oculta y no a una política impulsada por el PP y, a la postre, sostenida por el PSOE.
La causa del estrangulamiento de la banda, lo que ha hecho rectificar a los dirigentes de Batasuna, lo que ha llevado al comunicado, es la necesidad de acomodarse -ha escrito Joseba Arregi en El Mundo- “al escenario creado por el Estado de Derecho: o terrorismo o juego político, pero nunca ambas cosas”. Un documento de ETA de 2009, intervenido al dirigente de la banda Ekaitz Sirvent, señalaba claramente que “el enemigo ha conseguido la victoria con la apuesta realizada: votos o bombas”. O terrorismo, que habrá de ser perseguido siempre, o juego político, que tendrá que separarse radicalmente de aquel y ajustarse a los procedimientos legales y a las normas, que es lo que significa la verdadera “normalización”.
ETA anuncia el cese de su actividad, que no su desaparición, disimulando o, más bien, ocultando la realidad que conoce con la retórica de quien quiere aún, continuando la violencia con la política, sacar rendimiento a su existencia. La exposición de las causas de ese mundo violento y no demócrático, es el relato de una mentira, como demuestran sus propios documentos internos. Pero interesa constatar que el nacionalismo vasco no violento, a la hora de analizar la ocurrido, se limita a señalar entre las causas “la exigencia de los propios vascos” a la que los terroristas no habrían tenido otro remedio que atender, aunque fuese tarde. La explicación es tan limitada y burda como clara y contundente la razón por la que la exponen: a aquella persecución policial, judicial, legal, etc. se venían oponiendo con la cantinela de que así no se lograba nada.

(Próxima entrega: “El fin de ETA (II): la Conferencia de San Sebastián”)

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