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Si la política antiterrorista debe responder, en todo caso, a una serie de principios que no son sólo de eficiencia y estar sustentada en el máximo consenso posible (para que el terrorista sepa que su suerte no depende de unas elecciones), no hay en ella, como en ninguna otra política, dogmas de parte que deban ser impuestos.
Si algunos gobiernos del PP quisieron en ocasiones plantear algunas de sus
legítimas convicciones como “la única política antiterrorista posible”, igual
de perverso sería que el actual, al que seguramente le queda muy poco tiempo, o
el vasco, al que le queda algo más pero no mucho lamentablemente, pretendiera
convertir a los que discrepan de sus tesis o de sus ensayos en hipotéticos
enemigos de la paz o, según una expresión que se repite una y otra vez, en los
que quieren “poner palos en la rueda”.

Lo que sí debe ser el debate, por la gravedad del tema que se aborda, es sereno y razonable, buscando argumentos para adecuarse mejor a los objetivos –y los medios- que son de todos y, a mi juicio, tratando de alcanzar en lo posible acuerdos en vez de hurgar, por la razón que sea, en las diferencias. O en crearlas por motivos electorales o de identidad partidista.

Creo, por ello, que se equivocó el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, al apuntar, precisamente ante los vascos, que el probable triunfo de Mariano Rajoy
supondría el peligro de la influencia nociva de ciertos sectores del PP
proclives a ese ejercicio de poner palos en la rueda, sobre todo sin
especificar una política y otra, sin concretar en qué asuntos concretos teme que
se rompan los acuerdos entre PSOE y PP en esta materia, sin aclarar posibles
cambios que sus adversarios no aceptarían. Es decir, sin ese debate razonable y
proclive al entendimiento y, en el fondo, tristemente, convirtiendo la lucha
contra el terrorismo en un tema electoralista (más que electoral) teñido de la
frivolidad que suele presidir las discusiones de campaña.

Y, por razones colaterales, creo, sinceramente, que se equivocó el lehendakari López al presentar en su última intervención en el Parlamento Vasco, por sorpresa,  sin consenso con sus socios preferentes, sin un análisis y acuerdo en las comisiones de seguimiento del Pacto Antiterrorista, una modificación de la política penitenciaria en determinadas, aunque no del todo concretadas, circunstancias. Yo no dudo de la buena voluntad del lehendakari, de su afán por lograr la desaparición de ETA, de su compromiso por la libertad en el País Vasco como aparecía, por cierto, en el documento que pactó con el PP y por el que ahora es lehendakari. Dudo de la oportunidad de su solemne propuesta, además de sorprenderme, como le han recordado, que sea precisamente en el asunto en que se muestra menos ambiguo una cuestión que no es de su competencia.

Una sugerencia puede ser interesante, ciertamente, aunque no deja de llamar la atención que el Gobierno socialista, insistiendo en ella, no la formule como propia y que el candidato, aunque se diga que se le consultó y diga el mismo que merece atención, ni la subraye ni la incluya en su programa. Pero no es menos cierto que no se trata, sin más, de una sugerencia para el debate, por muy indiscretamente que se haya hecho, sino de una proposición del mismísimo lehendakari en el contexto, reiterado por el mismo, de que “en nuevo tiempo (…) cada uno debe asumir su responsabilidad y adoptar las decisiones que le corresponden”. Podría pensarse, en este sentido, que, después de una “política de firmeza democrática” en la que la presión legal, judicial, política y social sin concesiones han conseguido lo que ahora contemplamos, el proyecto debería ser ahora, para lograr otras metas, “hacer algo”, conceder algo, prometer algo. Una propuesta de esta naturaleza nada tiene que ver con el tratamiento penitenciario de personas concretas, siempre motivadas particularmente, sino ese “algo” –o parte de algo- que debería hacerse a cambio o como promesa de lo que la otra parte, que son los terroristas, hagan.

Me parece, además de improvisado como digo, un error,  porque el único cambio que se debería esperar está del lado de los violentos y quienes les apoyan o sostienen de un modo u otro, y no de los demócratas y del Estado de Derecho. Y si la legalidad debe cambiarse, nunca la causa podría ser lo que se espera como intercambio sino consideraciones generales sobre la justicia que la ley, los jueces y el sistema penitenciario deben tratar de hacer real. El lehendakari quiere ver en todo (en la petición de legalización de Bildu o Sortu, en el estrafalario Acuerdo de Gernika, en la disolución de Ekin), al mismo tiempo, triunfos del Estado de Derecho y gestos de ETA y su mundo que deberían ser correspondidos. La puerta cerrada que ha logrado lo que ha logrado
debería ser de alguna manera –o temporalmente-abierta. Si, con esa expresión un tanto chusca, el Gobierno insiste en que su política antiterrorista no va a
cambiar porque “la pelota está en el tejado de ETA (o de la izquierda
abertzale)”, ahora, se puede deducir de este entusiasmo ambiguo del señor
López, tendríamos que ser nosotros los que hiciéramos algo con la famosa
pelota: acercarla, bajarla del tejado, chutarla lejos, quién sabe.

Y no me parece bien. Ni creo que sostener la firmeza compartida –la ley y las consideraciones éticas-tengan nada de palos en una rueda que no existe ya que la evolución, parcial e insuficiente, de los que han apoyado a ETA, los que aún no han condenado su bárbara historia ni han pedido su disolución, se ha hecho, sin duda, a empujones y no por la fuerza de un pedaleo autónomo. Convertirnos en los “propiciadores de un relato compartido”, como se ha insinuado, recuerda aquella edición de “Guzmán de Alfarache” de la colección Rivadeneria, que tanta gracia hacía a Borges, en la que el editor puso entre corchetes todas las consideraciones morales para que el lector pudiera saltarlas y seguir el cuento.

 

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