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Le propuesta aprobada el miércoles por el Consejo de Administración de RTVE es tan vergonzosa como ha resultado ser esperpéntica la pretensión, finalmente abortada. Con los votos favorables de los consejeros nombrados por el PP y CiU, que actuaron con la colaboración de las abstenciones del PSOE y Comisiones Obreras, se pretendía que los miembros del Consejo tuvieran acceso a los editores informáticos, es decir, al proceso de elaboración de las noticias, de las escaletas, de las preguntas preparadas para invitados o colaboradores, etc. No se trataba, lógicamente, de un afán de conocer de primera mano las tripas de la actividad periodística como ilustración para su trabajo ni de tener un sistema de acceso a los contenidos para desarrollar su labor, lo que se logra preguntando -si es que no se sabe, porque alguos consejeros son de la profesión- o accediendo a los servicios de documentación. Se trataba de saber lo que en cada programa o en cada puesto de trabajo se está elaborando, fuera naturalmente de sus funciones administrativas, vulnerado el modo en que se debe dejar trabajar a los periodistas, y de un paso necesario para una hipotética censura previa o presión del tipo que sea sobre los profesionales. Una vergüenza para los políticos y, más, para los que han sido nombrados rectores de un medio de comunicación público.

El segundo acto del lamentable espectáculo llegó cuando los dirigentes de los partidos que les han nombrado consejeros criticaron la decisión. Casi al conocerse la noticia, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, hacía público su desacuerdo y el candidato socialista, Alfredo Pérez Ruabalcaba se mostraba igualmente contrariado. Añadan a esto las declaraciones del consejero de CiU que justificaba su voto favorable a la propuesta diciendo que un consejero socialista, que se abstuvo como modo de tácita aprobación, le había convencido. Este modo de actuar no demuestra “vida y opiniones propias” de cada consejero (puesto que los que representan a un partido u otro votaron con sus respectivos bloques) y, mucho menos, la rectificación posterior para revocar la decisión, que han hecho forzados por “sus” partidos políticos después del lógico escándalo por su inicial proceder.

Sin embargo, creo sinceramente a los dirigentes políticos que dijeron no saber nada de lo que los consejeros se proponían, manifestaron su desacuerdo y lograron después la rectificación del Consejo. Les creo del mismo modo que estoy seguro de que la pretensión de los que votaron a favor o los que colaboraron con ellos absteniéndose es fruto de la politización de un órgano con cuotas y representantes partidistas. El sistema de nombramientos está tan viciado, defrauda vía cuotas la teórica elección de consejeros por mayoría cualificada, que -además de paralizar la renovación- hace pensar a los elegidos que parte de su trabajo es hacer en RTVE de correa de transmisión vigilante e interesada de sus partidos. Y, para hacer bien esta tarea, nada más conveniente que poder acceder directamente y en todo momento a los sistema de edición: así se puede, o se podría, tener al tanto a los mandatarios, advertirles o establecer adecuadas y partidistas estrategias ante los hechos que se consideren de mayor relevancia. La afortunada idea de nombrar presidente ejecutivo del Ente con obligado consenso hacía que los nombardos actuaran, de algún modo, como muro de contención de tales pretensiones, pero en cuanto Albero Oliart dimitió y le siguió la paradójia sucesión de consejeros en la presidencia, llegó el momento de que se lanzaran a requerir los medios para ejercer una función impresentable en el fondo y en la forma y de evidente carácter partidista.

Por ello, y si queremos que el esperpento sirva para algo, no basta con la rectificación o con la hipotética dimisión de los que se han metido en este charco, como algunos han propuesto. Lo necesario, para preservar la independencia y el mismo trabajo periodístico, es que se modifique radicalmente el fraude de las cuotas partidistas, que un Consejo de independientes solventes represente al Parlamento vía consenso de los partidos y no a éstos, que no han defraudado la teoría par garantizar la honradez periodistica sino para defender sus intereses particulares. Unos y otros.

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