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La Generalitat de
Cataluña, y el nacionalismo catalán en general, deberían cambiar los argumentos
que están utilizando para defender lo que se ha dado en llamar “inmersión
lingüística” en la escuela de esa comunidad autónoma. No me refiero a la
búsqueda de una cierta moderación, ni a la teatralidad del victimismo con que
tan a menudo pretenden adornarse los nacionalistas, ni al tipo de
movilizaciones que se están convocando y llevando a cabo en Cataluña y que tan
bien vienen, por cierto, para que no se generen por otros motivos referentes a
la política y a los recortes de su Gobierno. Me refiero, sencillamente, a los
argumentos.

Leo y escucho que la
“inmersión” se compagina con la nación, que genera igualdad porque a ella deben
someterse todos, inmigrantes o no, que con ella los que no son inicialmente
catalanoparlantes aprenden la lengua, con lo que tiene de enriquecimiento, y
mejoran sus posibilidades de integración social y económica, que ningún escolar
en Cataluña puede decir que, por su aplicación, tiene una formación
deficitaria, etc. Puede ser verdad o no, pero esa no es la cuestión porque en
la elección de un modelo lingüístico para la educación, o en su ausencia, se
trata de derechos.

Lo que los gobernantes
catalanes y sus seguidores en esta materia deberían sostener, defender y
argumentar, si no se trata simplemente de salirse con la suya, es que los
ciudadanos de esa comunidad autónoma no tienen derecho a que sus hijos sean
escolarizados en una lengua que es la oficial en España y, de acuerdo con el
Estatuto, también, como es lógico, en Cataluña. No se trata, por ello, de
equiparar el español al inglés o al finés, que podrán elegir en la enseñanza
privada quienes lo deseen, sino el derecho a estudiar en una lengua oficial en
la escuela pública. Deberían, para mantener su postura, negar ese derecho y,
por tanto, establecer no la conveniencia de estudiar en catalán, sino la
obligación. Y deberían, asimismo, negar (y explicar y argumentar) que la
legislación vigente reconozca el derecho que ellos niegan que exista.

Sólo bajo estas dos
premisas la resolución del Tribunal Supremo y la consecuente del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña serían, por no estar ajustadas a Derecho (y a
los derechos) un abuso. Deberían los que sienten sus narices tocadas ponerse a
la labor y no disimular.

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