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Las posibilidades de que
los más acaudalados no acaben pagando lo que teóricamente les corresponde son,
a través de empresas y de la adecuada ingeniería financiera, infinitamente
mayores que la de la inmensa mayoría de los asalariados que se suelen
encontrar, en el momento de hacer su declaración, con todos los datos
registrados por la Hacienda Pública de sus ingresos.

Algunos de estos
acaudalados ciudadanos, en otros países, han declarado que, bien sea siempre o
por la gravedad de la crisis, están dispuestos a pagar más. En España, desde
algunos sectores, se reclama a los conciudadanos ricos que hagan algo similar.
Sin embargo, no queda claro si se trata de una opción más barata a las reformas
que supongan la imposibilidad de sortear sus obligaciones o si, en muchos
casos, un aumento de impuestos supondría la renuncia a las donaciones que ahora
se hacen –ya se fundamenten en sub generosidad o en el beneficio que conllevan-y
que, aunque tengan deducciones fiscales, una cosa compense la otra. No tengo
datos concretos, y menos de casos concretos, pero permítanme que, en la
nebulosa en que se produce este sucedáneo de debate, sospeche hasta tenerlos. Y
eso sin subrayar que no acabamos de saber qué o quién es un rico.

Parece que el candidato
Rubalcaba quiere devolver vigencia al impuesto de Patrimonio, e incluso se
anima a calcular lo que supondría para las arcas públicas, pero no debería
olvidar que, además de ser una carga que en muchos casos es redundante, el
propio presidente del Gobierno del que ha sido vicepresidente explicó, al
derogarlo, que los más acaudalados no eran propiamente los sujetos pasivos del
mismo –a través de SICAV y otras fórmulas- sino las clases medias.

Adolfo Suárez ya se dio cuenta,
en momentos de dificultad electoral, que presentarse como la víctima de los
bancos rentaba prestigio, aunque al final no rentara tantos votos. Ahora, sin
aquellas frases grandilocuentes, parece una buena operación de imagen asegurar
que se va a gravar, no se sabe muy bien de qué modo concreto, los beneficios
bancarios. Magnífica idea estratégica, por culpa seguramente de la los fallos
de la estrategia de los bancos ante la opinión pública, pero no deja de llamar
la atención que el cálculo más optimista de los ingresos previstos quede muy
por debajo del dinero que se emplea en el rescate del sistema financiero, que
no se quieran revisar los privilegios legales de funcionamiento de las
entidades y que quedé demorado a una reestructuración del sistema que sigue
pendiente desde el comienzo de la crisis.

Tampoco se ha concretado
cómo ese dinero recaudado irá “directamente” a crear empleo, como si no hubiera
una única caja o como si se fuera a destinar su importe a empleos públicos o a
subvenciones a los privados o si, ya que en la misma nebulosa se puede
especular, si, como se ha argumentado recientemente, la disminución del déficit
y de la deuda es un presupuesto ineludible para crear a continuación empleo.

Los que dicen “no y no y
no” a estos incrementos de impuestos, es decir, los políticos de la derecha,
subrayan ahora que, entre sus planes, estaría una profunda revisión del sistema
fiscal español. Es cierto que, sobre la misma, nada concreto se ha dicho y que
los expertos cercanos al PP han sugerido, a nivel personal, propuestas diversas
y, en algunos casos, contradictorias. Pero todo esto no es óbice para reconocer
que, más que propaganda con impuestos tan dudosos como mal explicados para
lograr 2.500millones de euros, lo que hace falta es aquello –claro que bien
analizado, debatido y concretado-: una profunda revisión de la fiscalidad
vigente.

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