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Un leve repaso al debate
político revela como los temas cambiar vertiginosamente –formal y
materialmente- no porque las preocupaciones sean muchas, variadas y urgentes,
sino, sencillamente, porque interesan estratégicamente en la batalla electoral.
Escasean las propuestas razonablemente explicadas para tratar de demostrar que
convienen a los ciudadanos y abundan las que parecen hechas pensando en los
adversarios políticos ya sea por tratarse de un tema que el otro no quiere
abordar o porque recuerda sus fracasos o porque se presenta pensando en algo
así como “a ver qué dicen estos ahora”.

Es cierto –y lo he
escrito en numerosas ocasiones desde entonces- que, a mi juicio, el PP no hizo
bien al oponerse frontalmente a los recortes y ajustes que el Gobierno,
presionado con urgencia por la Unión Europea, anunció el año pasado. Y no hizo
bien porque pareció que quería dar la sensación de que era factible un
imposible (un ajuste como el necesario sin sacrificios sociales) y porque, en
las propuestas concretas, no ofreció una alternativa creíble para lograr un
ahorro similar. Los del recorte eran del PSOE, la prueba de lo que se nos venía
encima si seguían gobernando; con eso, simplificando, bastaba estratégicamente.

Ahora, como si los
problemas reales fueran asunto de segundo orden, se vuelven las tornas. La
nueva presidenta de Castilla La Mancha da a conocer un plan de recortes para ahorrar
este año y el próximo 1.815 millones de euros y tratar de sostener una catastróficas
cuentas públicas y la oposición de esa comunidad autónoma, que ha estado en el
poder hasta ayer, y los voceros del PSOE no defienden la situación, es decir, su
gestión para negar la necesidad del ajuste ni ofrecen una alternativa de ahorro
en partidas teóricamente menos dolorosas. Los del recorte, haciendo también abstracción
de los constantes ajustes impulsados desde La Moncloa, son ahora los del PP, la
prueba de lo que nos espera si gobiernan.

Sin embargo, la
situación financiera de las comunidades autónomas es más que lamentable y su
peso en el déficit de las administraciones públicas se acerca a la catástrofe y
hace peligrar tanto la financiación de la deuda como el mantenimiento saludable
de los servicios esenciales. Por ello entendí el recorte del Gobierno y
entiendo ahora el anunciado por Dolores de Cospedal, a la espera de que se
concrete la “racionalización” de la Sanidad que incluye. Es interesante,
además, la propuesta hecha por el dirigente popular Álvaro Nadal,  en relación con los recortes que precisan las
autonomías y los que me temo seguirán afectando a la Administración Central, de
elaborar una suerte de Catálogo de Servicios a los ciudadanos que deben tener
prioridad y quedar asegurados en un grave momento de crisis y que supondría la
renuncia o la limitación de otros gastos. No todo lo que nos venga bien forma
parte de los derechos de un Estado del Bienestar, pero algunos servicios,
claros y concretos, deberían quedar fuera de la discusión partidista y de las
preocupaciones de los ciudadanos que pagan sus impuestos para que se presten.

Si se pensase en ellos,
en los ciudadanos, un poco más, y un poco menos en la dialéctica intencionada
entre contendientes políticos, a menudo tan débil, a lo mejor el debate
adquiría más altura y las soluciones fuesen, aunque difíciles, más fáciles que
ahora.

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