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Que vivimos tiempos
convulsos parece una evidencia. Que la crisis no sólo es económica, sino también
política, también. Que crece el malestar, la indignación, la impotencia no
puede extrañar a nadie, independientemente de la amplitud y el respaldo que
puedan tener, en cada caso, unos y otros enfadados. Pero sería, a mi juicio,
añadir un problema a los que ya existan que el desencanto, o la rabia, se
conviertan, como me parece que ocurre en muchas ocasiones, en un rechazo a lo
que se llamó siempre democracia representativa y que ahora trata de
contraponerse a una difusa “democracia participativa”. Los disconformes con las
decisiones del Gobierno, o del Congreso, hacen muy bien en protestar pero es un
exceso –y entiendo que peligroso- concluir de todo ello que no vivimos en una democracia,
o que haya que “reinventarla”, o que exista otra –“real”- distinta de la que
surge de las urnas mediante representantes políticos legítimos, único sistema
político que respeta las decisiones de la mayoría, los derechos (individuales y
procedimentales) de la minoría y que se adecúa a las sociedades complejas de
nuestra época.

Veo, desgraciadamente,
síntomas peligrosos en la aparición en el debate del confuso termino de “pueblo”
en contraposición a la representación de la ciudadanía a través de diputados y
partidos. Un “pueblo”, naturalmente, tan amorfo como “interpretado” por quienes
no se han sometido al veredicto de las urnas y que se ha contrapuesto a la
democracia por cuantos dictadores ha habido. Y también en la falaz
consideración de que, cuando la mayoría parlamentaria decide lo que no nos
gusta, de aleja de nuestros principios o ideas, no somos discrepante, sino los
portadores de unos “valores” que debían –obligatoriamente, sin protocolo formal
alguno- ser validados para que existiera una democracia “verdadera”, es decir,
acomodada a nuestro particular parecer. Una cosa es que la democracia, y la
legislación que surge de su ejercicio, sea perfectible, que se puedan cambiar
las cosas en el desarrollo de un “experimento” (como llamaban los fundadores de
Estados Unidos a su Constitución) y otra que, por no estar de acuerdo con una
cosa u otra, se niegue su existencia.

No hace mucho tiempo, como
reacción a la legislación sobre el divorcio, el aborto o la educación, hubo
quien dijo que España no era una democracia. Fue un obispo y la réplica tenía
todo su sentido: no valida la democracia lo que podamos legítimamente pensar,
sino el ejercicio del voto y el papel –y las garantías- de la mayoría y la minoría.
El discrepante tendrá, al mismo tiempo, que convencer a sus conciudadanos y que
respetar las reglas del sistema. Y mucho de lo que escucho ahora,
desgraciadamente y aunque el motivo sea otro, me recuerda al obispo. Que
también parecía indignado.

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