Etiquetas

,

La propuesta de
reforma de la Constitución para establecer en ella reglas de estabilidad
presupuestaria ha levantado una polvareda en la que, a mi modesto entender, se
oyen cosas sorprendentes. No es que uno, entre las angustias de la crisis y la
debilidad argumental de nuestro debate político, pensara que, por fin, se
podría encontrar la excelencia de la discusión, pero algunos extremos no dejan
de llamar la atención.

Puedo entender que,
sobre todo para una reforma que se aplicaría efectivamente dentro de unos años,
puede resultar paradójica las prisas manifestadas cuando quedan dos meses para
las elecciones y que quizá mereciera la pena un acuerdo político que se
elaborara tranquilamente y llevara a una modificación rápida pero no con estas
urgencias. Pero, sinceramente, no puedo entender que, como consecuencia de la
propuesta, se digan cosas tan extravagantes como que la misma atenta contra el
Estado de Bienestar, que se decide fuera sin dar voz a los ciudadanos
españoles, que el déficit público es nuestra garantía (he escuchado decir a un
diputado que los alemanes venden sus productos gracias a nuestro déficit, con
lo que no se entendería que quieran ahora que lo limitemos), que el hecho de
existir un acuerdo con la derecha es prueba del carácter antisocial de la
reforma, etc.

Tenía toda la razón
Felipe González al afirmar que la regla básica y el sostén fundamental del
Estado de Bienestar es el crecimiento económico. Hace falta, claro, dinero para
sostenerlo, pero no a costa de una deuda que gravita sobre la economía y que,
en el fondo, es un impuesto pernicioso. Con déficit habrá más dinero
disponible, escucho y leo, pero, en todo caso, para pagar cada vez más
intereses por la deuda y, naturalmente, hasta que no podamos pedir más
prestado. Se han suspendido este mes de agosto algunas emisiones hasta la
intervención del Banco Central Europeo, así que no es hablar por hablar, y esa
misma intervención supone la defensa del euro, de un euro que implica reglas de
estabilidad presupuestaria a las que no podemos ser ajenos. La reducción del
déficit es una condición indispensable de nuestra salud económica, de la
estabilidad del euro y, también, de las bases para un crecimiento económico anulado,
precisamente, por una crisis de deuda que impide el crédito, la actividad
empresarial y la creación de empleo.

Estando en contra de
la constitucionalización de estas reglas, el candidato socialista a la
presidencia francesa, François Hollande, viene insistiendo en que la reducción
del déficit es una obligación y un presupuesto para llevar a cabo la política
socialista que propone. Algunos dirigentes de Europa Ecología en Francia
insisten en la necesidad de controlarlo con firmeza, reestructurar las
prioridades en los gatos y propiciar un “crecimiento ecológico”. No hay
oposición de los laboristas británicos contra la reducción del déficit y la
deuda aunque haya discrepancias con Cameron sobre el destino de los fondos
públicos. Nada tiene que ver nuestro déficit escalofriante con el de los países
escandinavos que se suelen poner como ejemplo de Estado de Bienestar.

Por todo ello, me
resulta sorprendente, no que se discuta la concreta reforma constitucional,
sino que, tantas voces en determinados sectores de la izquierda española
(incluidos algunos del PSOE) salgan ahora con algo parecido a que, si se me
permite la ironía, la respuesta a la pregunta de cuál es la mejor política
económica es “el déficit”. Un déficit que, no se olvide en medio de la
hojarasca, es hoy el gran peligro para el euro, para las políticas sociales y
para el desarrollo económico de España. Y si en esa batalla, con todos los
matices que se quiera, están de acuerdo el Gobierno y la Oposición,  mejor que mejor, es el acuerdo que tantas
veces demandaron los que ahora dicen que la coincidencia es signo de su maldad.

Anuncios