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El PP parecía pillado
con las propuestas del candidato socialista sobre las diputaciones. Es cierto
que su propuesta más o menos definitiva distaba del afán liquidador de esas
instituciones en declaraciones precedentes, pero el PP no se mostraba muy
convincente en sus respuestas, en la identificación de diputaciones –y sus
gastos estructurales- con los servicios que ahora prestan y, hay que
reconocerlo, quedaba un poco marginal el recurso a que Rubalcaba dice ahora lo
contrario de lo que decía antes, por muy cierto que fuese. El secreto no era
sino que el ex vicepresidente había dado con una cuestión que no sólo él no había
planteado previamente, sino que tampoco la había tomado el PP como bandera. Es
decir, por primera vez tomaba la iniciativa y era la oposición la que, a menudo
trastabillando, tenía que responder.

Poco le ha durado.
Ayuno de otras iniciativas –que podrían dañar aún más la imagen del PSOE en
determinados sectores de su voto tradicional-, el presidente del Gobierno
propuso el martes, con el mismo ademán adanista que utiliza para todo, la
reforma constitucional para incluir en la Carta Magna una regla de estabilidad
presupuestaria,  es decir, de contención
del gasto y del déficit. Es,  ni más ni
menos,  la exigencia de Sarkozy y Merkel
en su última cumbre bilateral y demuestra dónde está ahora el núcleo de la
política económica europea, pero es también una propuesta constante de Mariano
Rajoy y su partido que el Gobierno –y el PSOE-, más que rechazar se había
tomado a chirigota. El hombre (Rajoy) que no proponía nada llegaba ahora con
una ocurrencia, imposible además porque los socialistas no estaban dispuestos
ni a revisar la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El empeño
por vender ahora la iniciativa, por primera vez, como un pacto entre Rodríguez
Zapatero y el líder de la oposición, no ha logrado, lógicamente, la sensación de
que, aunque sea para no terminar la legislatura, con nuevos y necesarios
recortes, el Gobierno y su partido se la envainaban de nuevo. La política
económica y, de paso, las chanzas. Termina la legislatura con una iniciativa…
del PP, la que producía tanta risa al PSOE.

El gran azote contra
la iniciativa había sido, además, el vicepresidente Pérez Rubalcaba, más hábil
que otros en la batalla dialéctica, y, ahora, de pronto, consciente de lo
difícil de su papel ya se ponga del lado del Gobierno del que ha sido
protagonista o trate de separarse de él como si acabara de llegar a la lid
política. Las disquisiciones sobre si, desde el punto de vista estratégico, le
conviene distinguirse o no del presidente Rodríguez Zapatero quedan en nada por
los hechos: la situación es tal, los problemas y el terror a las soluciones
quirúrgicas, la sensación inevitable de cambio de ciclo, que nada suma a su
favor. El debate sobre las diputaciones, sin ser menor, y además de devaluado,
se ha quedado en un espejismo en el terreno de las iniciativas.

El candidato
socialista, pillado ahora por los acontecimientos, asegura que fue convencido
por el presidente cuando, horas antes del anuncio, le comunicó el acuerdo con
Mariano Rajoy sobre la reforma constitucional. La realidad no puede ser otra
que haber sido convencido de que el Gobierno está en tan mala situación que,
para sólo demorar el recorte que viene, había que anunciar previamente la
reforma legal que, por otro lado y con el crecimiento mínimo de nuestra
economía, obligará a las medidas que ahora no se quieren tomar. Puede, a pesar
del ridículo, estar agradecido al todavía secretario general que, en esta
ocasión, incluso para desdecirse, ha ejercido de líder del partido.

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