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Los
acuerdos que han tomado Merkel y Sarkozy tienen varias caras. Una, sin duda, es
la decisión de iniciar un proceso hacia algo parecido a un gobierno económico europeo
que precisará su tiempo y contiene en sí mismo una ortodoxia presupuestaria que
no estará exenta de polémica –por mucho que se complemente con la tasa a las
transacciones financieras- como ya ocurrió con algunos preceptos de la fallida
Constitución europea que fue rechazada por sectores que la consideraban
excesivamente ideologizada, trufada de lo que llamaron “pensamiento liberal”.
La crisis, y la necesidad de una urgente y a veces desesperada respuesta,
atempera las discusiones ideológicas, sobre todo cuando aquella implica la supervivencia
del euro, pero la construcción europea precisa de un consenso intelectual que
esté al abrigo de épocas de crisis y de bonanza. Ojalá lo consigan.

Esta
importante reforma que se quiere impulsar ofrece otras vertientes, que, en el
fondo, responden a lo mismo. De una parte, al repasar los acuerdos
franco-alemanes, somos conscientes de la lentitud de la maquinaria europea y de
la de los países miembros. De otra, la lenta maquinaria es aún débil y precisa,
en las actuales condiciones, un impulso más bilateral, el de los dos grandes
países continentales, que multilateral o propiamente europeo. Se trataría de
pasar a una segunda fase y, en ella, siendo indudable que se precisa un
gobierno económica, habremos de coincidir en que tal no existirá realmente sin
una unidad política e institucional de la que estamos lejos. A pesar y
precisamente porque existe el euro.

Francia
y Alemania se proponen tomar la delantera y armonizar algunos de sus impuestos
y, al mismo tiempo, quieren imponer estrictas reglas sobre el déficit para
recibir ayudas, de fondos europeos y del Banco Central en la adquisición de
deuda. Las opiniones públicas, sobre todo la alemana, no aceptan bien la participación
en rescates y ayudas de terceros países y la exigencia es, por tanto, no sólo
fruto de una concepción de la ortodoxia económica sino también un desiderátum político,
es decir, una condición para que unos ciudadanos ayuden a otros. Para España es
una grave cuestión –y no sólo por la resistencia gubernamental, por el momento,
a la legislación sobre los márgenes de déficit que Merkel y Sarkozy quieren
constitucionalizar- sino porque, con el escaso crecimiento actual, que incide
además en nuestro gravísimo problema de falta de creación de empleo, ya será
difícil, si no imposible, cumplir los objetivos de reducción sin un nuevo
recorte que lo compense.

El
Gobierno ha anunciado nuevas medidas para el Consejo de Ministros del viernes y
su deseo de que puedan ser discutidas y aprobadas en un pleno del Congreso. No
tengo ninguna duda de que, ante cuestiones tan graves y ante necesidades tan
perentorias, el acuerdo debe ser exigente y lo más amplio posible. Lo apunto
porque este paquete de medidas, que es de esperar que no se quede a medias, debería
estar siendo negociado ya con los partidos de la oposición, regla elemental
para recoger puntos de vista enriquecedores y para dar con soluciones
aceptadas. El pleno no tendría que servir sólo para que unos y otros “se
retraten”, como si estuviéramos únicamente en un escenario de estrategias, sino
para consensuar objetivos y medios que, yendo más allá de los intereses
partidistas, atiendan a las necesidades de unos ciudadanos cada vez más
desconfiados y asustados.

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