Etiquetas

,

Parece que viene el
Papa. No es, de entre todas las que se despliegan ante mí, la cuestión que más
me preocupa aunque, lógicamente, me interesa el mensaje que pueda dar en las
Jornadas de la Juventud que se van a celebrar en Madrid y el ánimo y los puntos
de vista, en un momento tan especial, de los miles de jóvenes católicos que se
esperan. A la espera de lo que suceda y se diga, este viaje, al menos en
algunos sectores, ha generado un debate –o más bien un conjunto de críticas-
que también tiene interés considerar.

Hay algunas que, como
suele ocurrir, pertenecen a lo que Leonardo Sciascia llamaba “el légamo del
catolicismo” y que pueden definirse como un anticlericalismo clerical que hace
clericales las heterodoxias y que revela más los sinsabores mal digeridos que
las ideas alternativas. Y ya tiene algo de clerical tener que aportar, en ese
ambiente, alternativas católicas al catolicismo. Otras pueden tener más
enjundia, como el uso de recursos (ya sea recursos cesantes o uso de bienes
públicos) o, simplemente, la presencia pública de una manifestación religiosa.
Ese “légamo” se nota, de todos modos,
cuando los reparos a la presencia pública de las religiones se refieren
únicamente al catolicismo y se soslayen o nieguen los de otros credos, como si
el primero-aunque sea para rebelarse contra él- sea de algún modo “nuestra
cuestión” y los otros pertenezcan a algo parecido al políticamente correcto “multiculturalismo”.
Es decir, como si los musulmanes, los judíos o los budistas no pudieran ser tan
españoles –en derechos y objeto de críticas- como los católicos.

Las religiones pueden
ser criticadas, no me cabe ninguna duda. Todas o una en concreto, pero lo que
no puede prohibirse, a mi juicio, es tanto el derecho de los ciudadanos a
practicarlas y defenderlas como a hacerlo en público y no de modo escondido en
los estrictos lugares de culto. Los católicos, como otros, tienen derecho a
reunirse públicamente en torno a Benedicto XVI y también a colocar sus
principios y pareceres en el debate público, aunque ninguno, claro, a
imponerlos. Ocurre que a menudo, con la disculpa de negarse a las imposiciones,
se quiere impedir de paso que aparezcan públicamente o, bajo capa de defender la
neutralidad de un Estado que no es, afortunadamente, confesional, se pretenda
que ese Estado no facilite el ejercicio de aquellos derechos.

El uso, en ese sentido,
del espacio público está plenamente justificado como  lo debería estar para otros credos aunque
reúnan a menos gente y en torno a personas con menos impacto que el Papa.
Algunos se enfadan contra este derecho señalando otras presencias en la calle,
pero la única cuestión desde el punto de vista de las instituciones públicas,
la que les equipara o les diferencia, no es lo que defiendan o pongan sobre el
tapete, sino el cumplimiento de las exigencias y requisitos legales –antes y
durante- para esa manifestación pública. Parece que, en el caso de estas
Jornadas, las previas se han cumplido.

Como la diferencia es
que Benedicto XVI reunirá a más personas, y venidas de más lugares, que otros
acontecimientos (de todo tipo y seguramente de los 15 que el Gobierno ha
declarado este año de “excepcional interés público”), estas Jornadas católicas
tienen otra dimensión, que no es la religiosa, y que va desde las
concentraciones públicas a la atención de los asistentes. Algunas de ellas
implican un coste a las arcas públicas, una serie de consideraciones fiscales a
quienes las patrocinen, el aumento de servicios públicos o hipotéticas
incomodidades a los que no quieran de ningún modo participar en ellas. No
entiendo el escándalo, sinceramente, sobre todo cuando se refieren sólo a esta
manifestación religiosa y no a tantas que, en proporción a su dimensión, son
tratadas de igual modo. Comprendería que alguien se oponga a cualquier
deducción fiscal, a la misma declaración de “excepcional interés público” como
fórmula administrativa, a la presencia de ambulancias en una carrera privada o
al cierre de calles en los domingos de fútbol, pero me cuesta aceptar que todos
esos peros sean precisamente para la presencia pública de la religión y no para
las demás e infinitas posibilidades.

Con esta marea contra
la visita del Papa se confunden, además las cosas, y se deja de exigir lo único
exigible: que la especial consideración a la Iglesia Católica que se desprende
de la Constitución lo debe ser por su mayor presencia en el país y no por que
aquella tenga más derechos que otros. No es lógico que el tratamiento fiscal,
por ejemplo, de la construcción de un lugar de culto sea distinto según el credo
al que se adscriba. Y digo que se confunden las cosas porque un asunto es el
trato igual y otro, en el que hay quien se atasca, la negación de los derechos
de algunos.

 

Anuncios