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Una llamada en un artículo de El País de la semana pasada, no sin (mala) intención, contaba que “el Ejecutivo de Cospedal les adeuda (a las farmacias de esa comunidad autónoma) 125 millones por fármacos vendidos con receta y no ofrece un plan de pagos”. Fueron muchos los que, previamente, habían criticado a la nueva presidenta regional que insistiera en la gravedad de la situación económica de Castilla La Mancha´por arrastrar un déficit mayor que el consignado y por obviar deudas a terceros con facturas pendientes que no se habían contabilizado en el sistema. Las críticas no se referían sólo a la rapidez con que se había hecho la denuncia, apuntada vehementemente, incluso antes de tomar posesión, sino por la creación, al parecer innecesaria, de alarma.  Al menos en el caso de las farmacias, y en el consiguiente derecho a la prestación de fármacos, parecía real.

Sin embargo, y a un lado la intención del apunte, la información es cierta: el nuevo Gobierno regional es, sean cuales sean las responsabilidades e ineficiencias de sus antecesores, el que debe garantizar esa prestación y el que, como encargado de la Administración de la comunidad autónoma, le corresponde la deuda y pagarla, lo que ni debe ser fácil a tenor de las últimas reuniones con los farmacéuticos y de la amenaza de cierres patronales. Las administraciones tienen una continuidad, al margen de los cambios de gobierno, para lo bueno y para lo malo. En este caso, parece, para lo malo para todos porque el derecho a cobrar lo debido se mantiene pero no es fácil satisfacerlo.

A un nuevo Gobierno, el de Cospedal ahora o el futuro de España tras las elecciones de noviembre, no se le puede reprochar el problema heredado, pero sí exigir que, razonablemente, ofrezca soluciones. Lo anoto porque el problema de los aspirantes, o de los nuevos gobernantes, no es llamar la atención sobre la realidad de la situación (la transparencia, por mucho susto que produzca, no es jamás más alarmante que la ocultación o el disimulo), ni quejarse de ella con amargura o rabia, sino ser consciente de que lo que se hereda no son las dificultades -que son de las administraciones, del Estado- sino su gestión y que seguramente para que se haca cargo de ella de otra manera  más eficiente han sido votados por los ciudadanos a los que la queja por lo hecho antes no consuela.

Esto es, quizá, lo que se debe tener en cuenta en este momento de gravísima situación económica y de inevitable relevo político: la verdad -los datos, los problemas- no puede ocultarse ni sacarse del debate que la clarifique, pero de poco sirve si los que reciben el respaldo de las urnas no la unen a la esperanza, es decir, a un programa (y sus sacrificios) para salir de ella. Es un reto para el PP que, por molesto que resulte, es inevitable.

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