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Que las comunidades
autónomas son, desde el punto de vista de las cuentas públicas, un problema
resulta ya evidente. Que esta situación afecta a la percepción y a la eficacia
del Estado de las Autonomías lo va siendo también aunque a menudo quiera negarse
del mismo modo que se trata de ocultar otros problemas que exigen soluciones
drásticas y urgentes. Que incide ya en la valoración internacional de la
situación económica española y, por ello, en el precio de la deuda, resulta
algo que, a la vista de informes y consecuencias, no se puede negar.

Convendría, por tanto
y en primer lugar, aclarar las cosas, es decir, las cuentas. Resulta un tanto
sorprendente que, ante la denuncia de déficit mayores que los declarados a la
hora del relevo del PSOE en el  gobierno
de algunas de ellas, las llamadas sean a la prudencia en el uso público de las
cifras o a la sordina (en el fondo a la falta de transparencia) en vez de a una
contrastación seria de los datos para establecer, lo que es una obligación de
los poderes públicos y un derecho de los ciudadanos, cuál es la verdadera
situación. El Gobierno de España parece tener clara, por otro lado, la
astronómica cifra que las comunidades autónomas –unas más que otras- deben a la
Administración central, pero tampoco la responsable transparencia y la
razonable coherencia se imponen en este asunto cuando algunos gobiernos
regionales reclaman a su vez importes por el uso de un mal criterio de la
financiación autonómica, amenazan con el caos o sacan a la palestra el ambiguo
y a menudo ridículo concepto de la “deuda histórica”. Se nos llena la boca
tratando de distinguirnos de las trampas contables de Grecia, pero el recorrido
que aún nos falta para diagnosticar con claridad nuestra situación, sobre todo
por ese lamentable sumidero en el que se ha convertido la voracidad autonómica,
es aún largo.

Esta situación no se
arregla con créditos del ICO para devolver los anticipos que el Ministerio de
Economía reclama. No se sino un ejercicio de ingeniería contable (de disimulo)
para dejar para más adelante lo que debería afrontarse hoy y que, además, por
el coste del dinero en este momento, no haría sino aumentar la deuda regional e
incrementar, por la vía de un banco público, las responsabilidades económicas
del Estado. Aclarar las cuentas y, a continuación, cambiar la imaginación
contable por la responsabilidad y la ortodoxia financiera es fundamental. Y, en
este contexto, revisar a fondo el gasto autonómico, la reproducción de
instituciones innecesarias, la desaparición de diputaciones, la reducción de
ayuntamientos, el respeto escrupuloso a los techos de gasto, la eliminación de
todas las regulaciones contradictorias y el ansia de “consenso” con las
autonomías que termina impidiendo las políticas generales, etc.

Se oye decir, sin que
ya casi nadie se atreva a negar los hechos, que una reforma de ese calado no es
posible en un periodo preelectoral como el actual. Pero esta consideración es
intramuros, de cara sólo a la vida y a las cuitas partidarias y de espalda a
los intereses generales.

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