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Son muy pocas y
terminan formando una suerte de oligopolio en el que, seguramente, la
competencia está, por decirlo de alguna manera, controlada. No auditan ni se
sumergen en las entretelas de la economía de países y corporaciones, sino que
dan una opinión, que a menudo coincide con las generalidades de los
observadores o incluso con el reconocimiento de algunos sobre los que opinan. A
menudo se equivocan. Cobran de aquellos a los que califican y no puede
descartarse del todo que al mejor cliente le interese que no sea alabada la
situación de su adversario. Son americanas. Sin embargo, ninguno de sus
clientes renuncia a estas agencias porque siguen siendo un referente, inciden
en la opinión de los inversores y todos piensan que se volverían más
sospechosos sin su concurso, aunque este a veces sea demoledor.

Por todo ello se han
convertido en el malo de la película, en el chivo expiatorio de todas las
dificultades, en una suerte de fantasma a batir por gobiernos y algunas
opiniones públicas. Sin embargo, lo que debería preocuparnos no es sólo su
influencia sino su sus opiniones,  a
veces con poco aparato documental y de investigación, responden o no a la
realidad. Irlanda ve cómo sus bonos son considerados “basura” pero ¿responde
esta calificación a la realidad o es una maliciosa venganza en favor de
terceros? Grecia, dice otra agencia, está al borde de la quiebra y con la
inacción europea, o con prácticas lentas e insuficiente, puede dar un fatídico
paso hacia el abismo. ¿Es un modo de dañar, por razones misteriosas, a Grecia o
se trata más bien de una constatación general que se desprende hasta de las
dramáticas intervenciones de sus dirigentes solicitando ayuda urgente? Se
desconfía de la recuperación económica de España y sube el interés de la deuda
pero ¿no tienen, creciente, la misma desconfianza en el futuro inmediato los
españoles que son preguntados en una u otra encuesta?

Está bien, por tanto,
recelar de las agencias de calificación como de tantos otros analistas o
actores de la vida económica. También de los gobiernos. Está bien poner, cuando
se deba, los puntos sobre las íes y establecer los mecanismos de control
adecuados. Está bien contraponer a esas opiniones los datos que se consideren
oportunos para que inversores y ciudadanos se  formen una mejor opinión. Pero, cuando la
situación es dramática –y a veces patética- por la ineficiencia propia o por
los errores de política económica, es un vano recurso arremeter contra las
agencias y permanecer en una lamentable quietud quejosa.

“Se han hecho cosas y
la situación no es la de antes”. “Somos conscientes de que hay que seguir
haciendo reformas”. “Ya dijimos hace años que la modernización de la economía
española era un reto inapelable”. “Hay un gasto de las comunidades autónomas y
una dificultad adicional para que sean eficaces las políticas generales que
debe ser resuelta”. Etc. Estos, entre otros, reconocimientos oficiales de una
situación a la que hay que enfrentarse no se alejan mucho, salvo en el tono
edulcorado de algunos, de lo que las agencias de calificación dicen de España,
por no poner un ejemplo ajeno. Podemos quejarnos o hacer esa doble reforma,
dolorosa y grave, que sabemos que necesitamos: la propia de la economía
española y la de la Unión Europea para salvar el euro. Y parece que la opción
es evidente3.

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