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Parece que el 15-M, la “Democracia real ya”, los “indignados” y todo lo que rodea este singular fenómeno se ha convertido en una de esas cuestiones ante las cuales los matices convierten en cobardes y las valoraciones conllevan una suerte de definición de quien las hace. Si se elogia, aunque lo haga un potentado o un enemigo de la democracia, se convierte uno en un progresista atento y sensible a los movimientos sociales. Si se critica, aunque el discrepante sea el más desfavorecido ciudadano, en un reaccionario incapaz de darse cuenta de la injusticia del sistema. Convendría, por tanto, una cierta cuota de escepticismo, de espíritu crítico, de tranquilidad en el juicio, de matices.

No es difícil comprender que, en un país en el que la juventud soporta un paro cercano al 50% y en el que la política se contempla como algo alejado (y a menudo contrario) a los intereses de los ciudadanos, haya una fuerte indignación. También que se manifieste en la calle. De hecho, la tardanza de una determinada protesta se veía, a la vista del panorama, como una muestra de raro desapego de lo que ocurría. Tampoco lo es que, tras años de política alejada de lo primordial pero con un contenido ideológico claro, la indignación surgiera, como ha pasado, en otros sectores de la sociedad de procedencia diversa. Participo, además, de la vieja idea de que se tiene tanto derecho a la protesta, y hasta a la burla, como al voto.

Vivimos, por tanto, en un país de indignados. Los que han estado y están en las calles y plazas y los que se quedan en casa. El problema del 15-M y el conglomerado alrededor de esta iniciativa no es, por tanto, que no tengan motivos por los que indignarse y protestar, sino las formas y la posibilidad de convertir la protesta en algo más. Al hablar de las formas no pretendo hacer un juicio estético de los acampados, sino el empeño –como se ha visto en Sol- de convertir la plaza en una ciudad utópica, organizada e ideal, y el de creerse que, con pancartas y actividades extravagantes, podían ser ingeniosos las veinticuatro horas del día. Una cosa es, retórica e intencionadamente, pedir lo imposible y otra creer que se puede alcanzar por arte de magia.

El problema de la conversión de la protesta en un programa es, de todos modos, de mayor entidad. Es evidente que no se puede exigir a quienes muestran su enfado por la situación económica y política que lo hagan sólo si tienen una alternativa detallada y coherente. Si no se lo exigimos a los partidos, no se lo vamos a demandar a ellos. Pero han sido los acampados, o las organizaciones que los alientan o dicen representarlos, los que se han impuesto una tarea en la que, a mi juicio, han fracasado. Muchas de las propuestas son extravagantes. Otras rezuman un antieuropeismo que encantaría a los Patriotas de Finlandia, por no citar coincidentes aún más impresentables. Algunas se estancan en la irrealidad, ya sea pretendidamente libertaria o sostenidamente intervencionista. El batiburrillo se salda, a continuación, convirtiendo la mayor parte de las propuestas en programas particulares, no avalados por el “movimiento”, etc. con lo que la sensación de caos y confusión intelectual no sólo aumenta sino que desvirtúa la propia “indignación” que podía, como dicen las encuestas, tener un eco importante en amplios sectores de la población.

Quizá esta confusión entre el todo y la parte hace que este fenómeno se vaya desgajando con la aparición de grupos que, diciéndose parte del movimiento y sin recibir el contundente reproche que merecen, se deslicen hacia la violencia y hacia el desprecio a la formalidad de la democracia. Lo apuntado en algunos ciudades, lo ocurrido en Valencia y lo que está pasando, de modo más pronunciado en Barcelona, ya no son muestras de indignación, ni de protesta pacífica, ni de debate (por muy particular que sea), sino actos delictivos y violentos que hay que impedir con los instrumentos del Estado de Derecho y con una enérgica reprobación pública.

Una cosa es el modo en que se responde desde la política a la desafección ciudadana (al enfado manifestado en la calle y a la anterior y más general constatación estadística y social de un indignado desencanto) y otra el modo de reaccionar ante manifestaciones violentas como las subrayadas. A la primera, es evidente, no se ha respondido adecuadamente. Ante las segundas no hay otro modo que el imperio de la ley, que es el único orden público posible. Y deberían respaldarlo también los “indignados” que contemplan como a su alrededor algunos se convierten en indignantes.

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