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Es difícil imaginar que los tres magistrados del Tribunal Constitucional que ayer presentaron su renuncia lo hicieran por sorpresa, dando un susto repetino al presidente del mismo al encontrarse sus escritos en el buzón o encima de la mesa. Si el modo de relacionarse entre ellos fuese ése, el funcionamiento del Constitucional sería de traca, lo que no parece que pueda ser aceptado ni por los más escépticos. Más lógico es pensar que los tres magistrados, entre ellos el vicepresidente, han comentado previamente, al menos con el presidente, que pensaban renunciar y que, en ese mismo momento, sabían que su dimisión no iba a ser aceptada, ya sea por decoro, es decir, por no convertir al Tribunal en inexistente, o por razones del trabajo acumulado, es decir, por no seguir incrementando la sensación de lentitud insoportable, o por ambas causas a la vez. O lo comentaron o lo pactaron previa o simultáneamente. Si esta segunda opción es más previsible no deja de ser sorprendente porque su inutilidad práctica la convierte en un mero gesto político, de queja, de indignación como ahora es la moda. Sorprendente porque no se entiende bien por qué, tras tanto tiempo de retraso y de nombramientos caducados, lo hacen ahora y no antes ni por qué, por ejemplo, el vicepresidente aceptó serlo con su mandato ya fuera de plazo y pretende ahora hacer como si renuncia para no renunciar y seguir siendo vicepresidente. El trabajo acumulado del que vaya a ocuparse ahora un Tribunal Constitucional enfermo y con una supervivencia forzada quedará, ante la opinión pública, aún más devaluado de lo que lo estaba antes. Si la culpa de la no renovación de los magistrados es, como reconoció el presidente del Gobierno públicamente en las Cortes, de los políticos, la sensación de desprestigio aumenta ahora por un gesto estrafalario, por inútil, de los magistrados sólo aparentemente respondones.
Añádase a esta situación la parálisis de un Gobierno cuyo presidente comenzó la singladura en 2004 prometiendo la regeneración democrática y el aprovechamiento partidista del PP diciendo ahora, vaga pero malevolamente, que habrá que analizar qué relación tiene este gesto con la sentencia sobre Bildu, y tendremos un cocktel que si es explosivo, porque ya nada hay explosivo en el desdén institucional, emborracha el funcionamiento de nuestra democracia y las garantías constitucionales hasta niveles con los que es imposible circular normalmente.
Si unos y otros -los partidos- tratan de tener un Tribunal Constitucional a su medida, y para ello juegan con los plazos, las renovaciones o la falta de ellas, y los nombramientos interesados en cupos partidistas estancos, habrá que reconocer que, más allá del juego de trampas, lo que falla el sistema. Nadie quiere ya el nombramientop consensuado de magistrados aceptados por todos, o no vetados por nadie, sino que se busca, incluso dejando un margen de discrecionalidad inevitable, quienes mejor representen un punto de vista propio en la interpretación de la Constitución. Con este sistema, con estas cuotas en las que indefectiblemente (y aunque sea de modo retardado en el tiempo) el Tribunal Constitucional se adecúa a los intereses del Ejecutivo -o así se pretende-, se pierde para siempre su prestigio y la aceptación general de sus resoluciones y sentencias incluso por quienes no coinciden con ellas. Para siempre, claro, si no se mudan las pretensiones políticas y se modifica el espíritu de la elección de los magistrados. Y esa debería ser la primera tarea de una regeneración institucional en la que no tendrían cabida gestos tan teatrales como las falsas renuncias de ayer.

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