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Surge periódicamente la propuesta de un Pacto de Estado sobre la situación económica y la respuesta que se pueda dar a la grave crisis que padecemos. Ahora, de nuevo, en un escenario de más recomendaciones de la Unión Europea, tras las dudas –o las certezas- sobre la realidad de las cuentas públicas de las comunidades autónomas y las alarmas sobre un servicio tan básico como la Sanidad.

El panorama no es, desde luego, para quedarse sin hacer nada y, aunque las responsabilidades del Gobierno no sea comparables con los de los grupos de la oposición, los ciudadanos pueden con razón demandar a todos ellos un esfuerzo acorde a las circunstancias. Tampoco hay que olvidar, sin embargo, que, a menudo, estas demandas de pacto y de consenso tienen algo de arma arrojadiza o de disculpa ante el miedo escénico. Si las medidas que se van tomando, frecuentemente sin haber buscado seriamente el acuerdo previo, no dan el resultado apetecido se achaca a la falta de consenso de quienes no las han tomado. Si Bruselas pone reiteradamente deberes que tienen consecuencias dolorosas se pide el pacto para que la responsabilidad quede diluida de alguna manera.

La reclamación de acuerdo, desde la opinión pública, quizá se deba más a la desazón que produce un debate crispado, en el que se lanzan acusaciones más que analizar y discrepar sobre cuestiones concretas, que al fondo del asunto. De hecho, aunque los ciudadanos no seamos capaces de diseñar un plan contra la crisis, que es lo que demandamos, sí tenemos ideas generales sobre lo que no se debe hacer o las líneas que no deben cruzarse y, evidentemente, no es igual en cada caso. Cuando las medidas no coinciden con nuestra opinión, sea cual sea, no pedimos consenso, sino la prevalencia de algunos principios particulares. Así ha pasado, como se sabe, con la reforma laboral, la de las pensiones, la subida del IVA o los ajustes de mayo del pasado año.

Por todo ello, más que reclamar acuerdos generales imposibles (tanto por los diferentes puntos de vista como por la actual circunstancia política), se podría pedir al Gobierno que actúe con la energía que exige el momento, de la que sin duda es consciente, y no con cálculos sobre el rendimiento electoral de sus decisiones. Si no se siente capaz de hacer lo que en realidad cree que se debe hacer es mejor que adelante la convocatoria de elecciones. Y el PP, como principal partido de la oposición y detentador del poder en la gran mayoría de comunidades autónomas, no puede ya estar a la espera, como un avisado examinador de las decisiones gubernamentales, o limitándose a señalar que hay, sin concretarlo, un camino sin coste social. Es, más que la hora del acuerdo utópico, la de la discusión seria de las propuestas. Sólo así los acuerdos y las discrepancias que dilucidarán las urnas serán también serios.


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