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Si hemos tomado conciencia de que, en el orden de las cuentas públicas, las comunidades autónomas se han convertido en un problema, incluso para el inmediato futuro saludable de un Estado de las Autonomías que ha dado sus frutos, lo peor que nos podría ocurrir ahora es convertir lo que debe ser resuelto por todos en un arma arrojadiza para mantener un debate tan llamativo como inútil, tan encendido como estéril. Y da la impresión, si no se modifica el rumbo, que vamos por ahí.

El PP, que se va a encontrar de inmediato con el gobierno de algunas comunidades en las que hasta ahora el poder era detentado por los socialistas, ha anunciado, de modo general, algunos criterios de austeridad al mismo tiempo que anunciaba auditorías para conocer de inicio la situación de las cuentas –o la existencia de algún déficit oculto- de sus nuevos escenarios de gobierno. El asunto, a un lado su conveniencia, tiene que ser tratado con una razonable prudencia. De un lado, puede haber sorpresas,  con sus consiguientes consecuencias, pero ninguno de los nuevos gobernantes llegará al poder como si viajara a un país ignoto o se instalara en unas instituciones totalmente opacas. Puede tener sentido estratégico no llamar la atención sobre problemas similares a los que se trata de investigar en las comunidades en las que se gobierna, pero la estrategia, de corto alcance, choca con la responsabilidad ante los ciudadanos que debe imponerse a las batallas con sus adversarios políticos. En este sentido, y por otra parte, los problemas que generan en cuanto a gasto y racionalidad las comunidades autónomas no son sólo de hipotéticos déficits ocultos sino también, y diría que fundamentalmente, de la estructura general que se ha creado. Está muy bien reducir sensiblemente la maraña de empresas públicas, por ejemplo, pero no para combatir un empleo ficticio y partidista creado por los adversarios porque a nadie se le oculta que es un vicio compartido por los propios.

El caso de Castilla La Mancha se ha convertido en paradigmático, como lo fue simbólicamente el 22 de mayo para subrayar el triunfo del PP o constatar la catástrofe del PSOE. Ahora, sin más datos que los que tenían antes de las elecciones, los triunfadores extienden rumores sobre una quiebra de las cuentas públicas y los derrotados suspenden el sistema lógico de traspasos. El asunto es tan delicado que lo que los ciudadanos esperan no es, ciertamente, el ocultamiento, pero si la seriedad del diagnóstico y la aportación inmediata de soluciones, aunque sean dolorosas y a medio plazo. Y el asunto sigue siendo tan delicado que resulta absurdo que el traspaso obligatorio se vea limitado por la antipatía que los derrotados sientan por los ganadores con sospechoso desprecio a sus obligaciones institucionales.

El cambio, urgente y profundo, que requiere el rumbo por el que se ha deslizado el poder autonómico, precisa tanto orden como criterios generales. Sin embargo, el Gobierno ha reaccionado a la derrota del 22 de mayo con rápidos movimientos, específicos y contrarios a los criterios hasta ahora defendidos, para conseguir los apoyos necesarios para sostener la legislatura. Y el PP puede caer en la tentación de reforzar una cohesión interna con el deterioro del PSOE a cambio de no enfrentarse con seriedad a un problema general, espantoso en algunos lugares en los que ahora ha ganado (no en todos) y en otros (tampoco en todos) en los que ya gobernaba.

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