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En cuanto uno menta el desorden en que han derivado muchas comunidades autónomas hay alguien que replica preguntando si eso significa estar en contra del Estado de las Autonomías o manifestando su fe en el mismo. Pero, aunque lo crea, no replica porque el mayor peligro que la organización autonómica establecida por la Constitución está en ese desorden y en sus perniciosas consecuencias, tanto para el bienestar general como para la imagen y la apreciación de la misma por los ciudadanos.

Así, nada más deshacerse, aunque sea parcialmente, la neblina de las emociones electorales, aparece de nuevo el problema: la mitad de las comunidades autónomas han gastado más de lo previsto hasta el mes de marzo, las cuentas de algunas de ellas son pavorosas y ponen en peligro servicios básicos, añaden además dificultades al cuello de botella de la reforma de las cajas de ahorro y quiebran la credibilidad de nuestra economía ante los inversores. Ayer mismo, el vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia sugería que el control del gasto autonómico debería quizá establecerse por ley.

Tras las elecciones del pasado día 22 de mayo, el PP –indiscutible triunfador- anunció que auditaría las cuentas de las comunidades autónomas en las que ha conseguido el gobierno como primer paso para un plan de austeridad que, al menos inicialmente, quiere salvar los servicios sociales. No es una idea reprochable para iniciar una nueva política ya que, desde luego, la que se ha practicado no se acompasa ni con la situación económica ni con el sentido común. Sin embargo, se queda corta, o se convierte más bien en una arma política, si el Partido Popular, con su actual poder autonómico y sus perspectivas de alcanzar también el Gobierno de España, no hace lo mismo en las comunidades en las que ya gobernaba y mantiene el poder. El conocimiento de la situación real, más allá de que pueda dar a exigencia de responsabilidades, es un instrumento para ofrecer ahora las políticas razonables de gasto y eficacia que han brillado por su ausencia, sea cual sea el color de los gobiernos regionales y salvando las escasísimas excepciones.

Siendo el gasto desorbitado un grave problema lo es más aquello por lo que muy a menudo se produce. De un lado la voracidad de muchos gobiernos regionales que quieren todas las competencias para sus propias redes clientelares y no para acercar las decisiones a sus ciudadanos. De otro, el caos y la arbitrariedad con la que el Gobierno central ha querido contentar a todos a costa de la racionalidad. Si la sanidad es un servicio básico, ahí entra como un turbión una ley de dependencia mal planificada. Si el paro es un gravísimo problema, ahí tenemos una maraña de competencias en políticas activas de empleo que termina yéndose por las alcantarillas de la burocracia. Si queremos facilidades para la creación de empresas, ahí se topa cualquier emprendedor con reglas dispares y atosigantes que ni facilitan la actividad ni dan carta de naturaleza a la unidad de mercado.

Adelántense o no las elecciones generales, están a la vuelta de la esquina. Por una cosa o por otra, o por la línea continua del tipo de debate político que padecemos, nunca parece ser el momento para tomarse las cosas en serio y propiciar las reformas profundas que se necesitan. Sin embargo, ahora es el momento y cualquier retraso incrementará los riesgos y los problemas.

 

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