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Sobre las listas electorales de Bildu se pueden hacer distintas consideraciones, tanto jurídicas como políticas. A la luz de los informes policiales, que certifican esta operación como parte de las estrategias de ETA para estar presente en las instituciones locales y forales, el Gobierno no podía hacer otra cosa que lo que ha hecho: impugnarlas todas. Se ha sabido que muchos de los incorporados como independientes a esas listas tienen más que acreditada su relación con Batasuna, algo de lo que los líderes de esta organización ilegalizada se ufanan y no niegan. Sin embargo, el argumento de la impugnación es la operación en si como estrategia de la banda, lo que ha implicado que se haga referencia a todas las listas y no a aquellas en la que la “contaminación” de los nombres incluidos sea más o menos patente. Ha hecho bien el Gobierno, coincidiendo además con las peticiones del PP y, a la espera de la decisión judicial, no cabe sino alegrarse por la coherencia de esta actuación.

Pero no quiero obviar una consideración política importante. Cuando se intentó el registro de Sortu como partido político hubo formaciones nacionalistas que pidieron o a su modo exigieron que fuera legalizado. Que era un asunto controvertido lo demuestra la división en la Sala del 61 del Tribunal Supremo, lo que, por otro lado, no quita un ápice de legitimidad a la decisión tomada, a no ser que no se crea en la independencia del funcionamiento de los tribunales y en la democracia del mismo. En ese caso eran “ellos” los que pedían la legalización por la formalidad de los estatutos –sin el aval del comportamiento que refleja la sentencia del Tribunal de Estrasburgo- y los partidarios de que así se hiciera podían alegar que su planteamiento era jurídico y no de connivencia con la vieja/nueva/de siempre Batasuna.

Sin embargo, dos formaciones políticas (EA y Alternativa), de las que se repite que son muy “democráticas” son las que, ahora, quieren hacer causa común, política concertada y estrategias pactadas con esos “ellos” que, legales o no (ahora ilegalizados), no cumplen los mínimos que la decencia del entendimiento político exige. La “acumulación” de fuerzas nacionalistas no es tal porque se trata, dándoles la prioridad y el programa, de dar carta de naturaleza a aquellos “ellos” a cambio de la supervivencia. Sin Batasuna, EA y Alternativa están condenadas a la desaparición. En el caso de EA tras un largo periodo de creciente desafección de los votantes y en el de la escisión de la Izquierda Unida vasca nunca la ha tenido. Que, para sobrevivir de alguna manera (más formal que política, aunque lo formal incluya cargos), se hayan plegado políticamente a la Izquierda Abertzale, incapaz de reflexionar sobre su pasado y su contenido ideológico incluso ahora, es, a mi juicio, una vergüenza política, independientemente de cual sea la decisión del Supremo o del Constitucional sobre las listas de Bildu.

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