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El Gobierno francés, tan deteriorado a un año de las elecciones por el peso de Sarkozy, acaba de dar, tras algunas complicaciones por la mezcla de intereses privados y gestión pública, una muestra de interesante transparencia: la publicación no sólo de las declaraciones patrimoniales de sus miembros, sino de sus “intereses” particulares. Los franceses han sabido así que el primer ministro François Fillon tiene acciones de EDF, que la ministra de Economía ha hecho algunas inversiones recientemente, etc. Las declaraciones hechas públicas incluyen las inversiones en obligaciones remuneradas e incluso la situación de la SICAV en la Banca Rothschild del ministro de Agricultura, que era un dato no exigido legalmente, o que el padre de Valérie Pecresse, la ministra de Educación, es presidente del Consejo de Vigilancia de Bolloré Telecom. Los ciudadanos tienen derecho a conocer estas informaciones, hacerse una idea precisa de sus representantes y cargos públicos, y exigir la abstención de los políticos en las decisiones que afecten a sus intereses, pequeños o grandes.

No parece que en España tengamos la sensibilidad cívica que implica una decisión de esta naturaleza. Las declaraciones patrimoniales que se presentan en las Cortes o en los parlamentos regionales son, en la mayoría de los casos, incompletas y generales, un gesto sin el sentido que debería exigirse a las mismas. Sabemos, quizá, detalles mínimos –y algunos también morbosos- de los candidatos que se presentarán a las elecciones del próximo 22 de mayo, pero no tenemos ni idea de sus inversiones o de los intereses familiares implicados con la gestión pública, como denuncias y escándalos demuestras periódicamente. Ni existe la transparencia necesaria, ni parece que los políticos quieran ni disimular la opacidad reinante.

Esta semana pasada, la candidata socialista a la alcaldía de Santander, Eugenia Gómez de Diego, ha incluido en su blog su declaración patrimonial. No debería ser llamativo pero se ha convertido, en el debate electoral de la capital cántabra, es un verdadero acontecimiento ya que sus adversarios, populares y regionalistas, en vez de hacer lo propio parecen haberse puesto de acuerdo para criticar la decisión de la socialista como un “gesto estético” o incluso “torpe”. El ridículo de estas reacciones, como se ve, se despliega a sus anchas por la costa cantábrica, sobre todo cuando se añade que, claro, todo el mundo está dispuesto a la transparencia, pero ya se hará más adelante. Este tipo de declaraciones no se hacen, como algún representante de Izquierda Unida apunta, para que se vote a los que menos ingresos tienen, sino para que los que sean elegidos porque los ciudadanos consideran valiosos, puedan certificar que no se enriquecen ilícitamente en los cargos ni participan de decisiones que afecten a sus intereses.

De ahí el interés de la decisión de Eugenia Gómez de Diego y el ridículo general que no hace sino encumbrarla.

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