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El vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior subrayó, con claridad meridiana, que Sortu no sería inscrito en el Registro de Partidos Políticos porque es una formación heredera y continuidad de la ilegalizada Batasuna. Por ello, instó a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a que acudieran al Tribunal Supremo para que se certificara judicialmente esa situación. El ministerio que encabeza Alfredo Pérez Rubalcaba envió a ambos organismos informes de las Cuerpos de seguridad en los que se concluye que “el partido político Sortu es una iniciativa que tiene vinculación con lo planteado por ETA y su posterior desarrollo por la estructura dirigente de Batasuna y que ha sido ejecutada bajo su control directo”. En la demanda de la Abogacía del Estado, redactado con contundencia, se asegura que el intento de legalizar Sortu  “forma parte de una estrategia política sincronizada de la que ETA es motor y parte actora principal”. La Fiscalía General del Estado, que ya se inclinó por la exigencia de que este partido, más allá de la retórica sobre lo que pudiera ocurrir en el futuro, condenara lo que ETA ha supuesto y hecho hasta hoy, ha anunciado que en los próximos días presentará demanda contra la inscripción en el Registro abundando en el hecho de que se trata de la continuidad de la ilegalizada Batasuna.

Mientras esto ocurre, con una lógica que a mi juicio hay que aplaudir, determinados sectores pretenden convertir en disidentes del Gobierno y de las instituciones del Estado a los que se manifiestan de un modo u otro contra la legalización de Sortu. Como si mantener públicamente la misma posición que el ministerio de Interior, la Policía, la Abogacía del Estado y la Fiscalía fuese poner “palos en la rueda” de un “proceso” que iría hacia la disolución de ETA. Al parecer, según este punto de vista, pedir que el Gobierno registre Sortu como un normal acto administrativo o que el Tribunal Supremo lo legalice es “facilitar” la paz en base a “lo que se mueve” en el mundo etarra. Que todo esto se defienda en el entorno del nacionalismo no debería extrañar y no sólo por su reiterada oposición a la Ley de Partidos avalada por el Tribunal de Estrasburgo, sino también por el papel político que quieren dar a la presencia de Batasuna o su alias en las instituciones, como demuestra la estrafalaria exigencia de que, si se diera el imposible lógico de que Sortu fuese legalizado, el lehendakari López disuelva el Parlamento Vasco y convoque elecciones. Pero sí es más llamativo que sean ciertos sectores del PSOE los que se abonen a considerar ciegos radicales a quienes proclaman y defienden lo mismo que los organismos e instituciones citados y concienciados ciudadanos a los que pretenden lo contrario. Y si estos socialistas piensan en el fondo lo mismo que dice Pérez Rubalcaba pero buscan estratégicamente otro discurso o alguna supuesta oportunidad futura aún peor.

 

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