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Bueno, parece que la izquierda –un sector de ella al menos- ha encontrado en la reducción de la velocidad de los automóviles en las autopistas la medida progresista que le faltaba a un Gobierno que, “por su derechización”, está perdiendo votos a raudales. Con ello, una curiosa cruzada se inicia, en ocasiones con ingenio, en otras con la peor de las retóricas, como si por fin se hubiera dado con un asunto mollar en medio de la crisis, la globalización y el desamparo de las ideologías. No me voy a poner ahora a defender el significado político de la izquierda, aunque ganas me dan respondiendo a algo más que a la compasión, leyendo a veces algunas cosas, pero si ir en coche a diez kilómetros por hora menos que antes es el no va más, valga la expresión, del progresismo aviados estamos.

La reducción de velocidad en autopistas tiene dos planos. Uno, el del ahorro. Nadie duda de que se ahorra en combustible, pero la discusión de los expertos existe sobre el montante de la misma, desde el 11% hasta el 3%. Tampoco parece muy serio que, aceptando la limitación a 120 kilómetros por hora, se vaya a considerar que colocarla a 110 sea una suerte de atentado a la libertad. Pero también parece indudable que, en el normal funcionamiento de los automóviles, las reiteradas reducciones suponen límites a la movilidad que también suponen coste a los ciudadanos. La cuestión, por tanto, es de oportunidad y de coherencia. ¿Había que tomar con esta urgencia y provisionalidad una medida que se justifica ampulosamente por los efectos de la crisis libia? ¿Tenía, en el caso de justificarse, que limitarse a la velocidad en las autopistas y no al tráfico en las ciudades, que resulta costosísimo? Los defensores del Gobierno hacen chanza de quienes, por ejemplo, proponen limitar el tránsito de automóviles mediante la prohibición de que un día circulen los que tienen matrícula par y al fía siguiente los que la tienen impar, pero si se trata de ahorrar gasolina, no cabe duda de que esta media lo conseguiría. Supondría, claro está, problemas e inconvenientes (con su correspondiente coste) pero también los suponen la reducción de velocidad en autopistas. Un poco de calma y un algo más de estudios y explicaciones no vendrían mal, aunque no termino de ver, en una cosa o en la otra –o en ninguna-, la raíz ideológica.

El otro plano es la dependencia española del petróleo, que es un problema tan real como grave. Ir resolviéndola, además de tiempo, necesita medidas de gran calado y una nueva política energética. No se puede disimular la falta de ideas o de voluntad política para ponerlas en práctica con la decisión atropellada de reducir la velocidad de los automóviles. Ponerse a la tarea quizá no sea considerado por algunos propio de una izquierda concienciada, pero, en todo caso, es realista y de sentido común.

 

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