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Habría resultado extraño que, por ejemplo en 2006, una de las tradicionales cumbres bilaterales entre España y Alemania, se convirtiera en la ocasión para saber la opinión de la canciller Merkel sobre la política económica encabezada por Pedro Solbes. Y lo habría sido incluso teniendo en cuenta que su antecesor, Gerhard Schröder, había puesto en marcha algunas de las reformas de las que ahora, casi seis años más tarde, se habla en España (recortes de gasto, reforma laboral, eliminación de los vetos y los consensos obligatorios con los länders para facilitar las políticas generales, etc.) y que estaba entonces, en coalición con los socialdemócratas, en pleno cambio del sistema de pensiones, retraso de la jubilación incluido. Ahora, sin embargo, la preocupación general –Gobierno y Oposición incluidos- es qué juicio hace la canciller sobre las retrasadas reformas españolas por mucho que se quiera vender que el viaje responde a la normalidad de as negociaciones y acuerdos bilaterales.

Y es así porque, en medio de la crisis, la posición de Alemania es fundamental. Como referente de la opinión y como contribuyente principal a todas las políticas y a todos los fondos de reserva de la Unión. Si paga, reclama. Si sostiene, exige medidas. En un país como el nuestro, en el que la Alta Inspección del Estado es, aunque existente, irrelevante ante las comunidades autónomas, el papel de Merkel es, aunque no lo sea formalmente, validar lo que en otros países europeos se hace para salvaguardar el euro y la cohesión europea. No estamos intervenidos, ciertamente, pero vivimos en un espacio de interdependencia en el que Alemania tiene un papel fundamental. Tampoco lo estaremos en el futuro próximo pero no por ello va a cambiar la situación mientras se mantenga el actual entramado institucional actual de la Unión. Tampoco ahora se piden juicios sobre la política económica del Gobierno al presidente de Polonia…

Merkel, como no podía ser de otro modo, ha alabado las reformas y la valentía que suponen por el coste político de las mismas. Lo sabe bien porque llegó al poder por el precio político que tuvo que pagar Schröder y porque, en las reformas fundamentales que ella completó, sintió cómo temblaban sus apoyos. Al añadir, como hacen otros de nuestros socios, que las reformas “van en la buena dirección” se revela, además, que quieren y esperan más, que la gravedad de la situación ha convertido, si se me permite la ironía, el “Estado de obras” en un necesario “Estado de permanentes reformas”.

En este escenario, la visita de la canciller le ha servido al presidente más como espaldarazo a sus reformas que como empujón a acuerdos bilaterales. Y, al mismo tiempo, ha servido, curiosamente, para que los líderes sindicales, invitados al almuerzo oficial, se vistieran inmediatamente después de sindicalistas, lo que afortunadamente habían disimulado en el pacto sobre las pensiones, y se negaran a aceptar la sugerencia de Merkel para todos los países europeos en unas declaraciones periodísticas: que los salarios se revisasen en función de la productividad y no en función de la inflación. Todos contentos.

Todos, salvo el PP, que no puede contar con los gobernantes europeos de su línea ideológica, en la estrategia sin fisuras de negar la bondad, por tardía, por insuficiente, por asocial, de las reformas gubernamentales. El problema del PP no es, sin embargo, una disfunción con otras derechas europeas, sino la manía de ser sólo críticos sin piedad y no promotores de reforma con la misma insensibilidad para los problemas de sus adversarios. Pero quizá las cosas cambien con la cercanía de las elecciones y, así logren que Merkel vuelva para decir que el PP, con lo que propone en su programa y aunque cueste los sacrificios que ahora se niegan, “está en la buena dirección”.

 

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