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El Constitucional ha elegido por fin y con sorpresa presidente, lo que supone –aparentemente- un paso para volver a la normalidad de un tribunal sometido a constante polémica. Pascual Sala, que lo ha sido ya casi todo, fue elegido por la llamada “mayoría progresista” con la excepción del magistrado Aragón, del mismo grupo, que aparecía en primer lugar en todas las quinielas. Tendrá que ser votada de nuevo la presidencia cuando se incorporen los magistrados que ha de elegir el Congreso –si es que alguna vez ocurre- y el nuevo vicepresidente, el abogado Gay, dejaría en ese momento el cargo y el Tribunal.

La normalidad a la que me refería antes no es aparente sólo por esta curiosa circunstancia, sino por la politización que rodea todo este proceso y al mismo Tribunal. Minutos después de la elección de Sala en la segunda votación, ya se comentaba que era el candidato apoyado por el vicepresidente Pérez Rubalcaba, en contra de las pretensiones del ministro de Justicia, que habría optado por Aragón. En detrimento de este, ya que todo es política y consecuencias políticas, estaba su posición de dureza en la sentencia del Tribunal sobre el Estatuto de Cataluña y, al mismo tiempo, la vicepresidencia de Gay, bien visto por CiU, era un gesto desde el Gobierno y sus apoyos hacia los nacionalistas catalanes.

Nadie puede dudar del prestigio jurídico de Sala y de su serio trabajo (que ya demostró en el Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal de Cuentas) ni los conocimientos de Gay. Tampoco, ciertamente, de los de Aragón. El mayor problema no son los magistrados, sino la politización de su elección. Y que esta se tome como algo normal. Pertenecen, ya que los partidos no son capaces de ponerse de acuerdo en todos y cada uno de los magistrados, a cupos partidistas y tanto responden a este criterio que quien manifiesta una posición personal, como Aragón, se convierte en “disidente”. El Gobierno presiona y plantea candidaturas. La Oposición se apalanca con algunos nombres (propios en doble sentido) que paralizan la renovación. En definitiva, la sensación que da el Constitucional a los ciudadanos es la propia de un órgano político y no la de un organismo independiente que sirve de garantía. A nadie debe extrañar que, en este lamentable panorama, estemos convencidos –como los políticos lo están de modo práctico- que, para dar por buenas leyes que no se ajustan a la Carta Magna no hay que cambiar esta sino a los magistrados del Tribunal.

Por muy buena que haya sido la elección, el ambiente es un baldón para nuestra democracia.

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