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El ahorro del coste de los traductores en el Senado no nos va a sacar de pobres ni va a lograr la felicitación de la Comisión Europea y la tranquilidad de los mercados. Sin embargo, su importe relativamente menor no es un argumento para gastarlo alegremente porque la contención y la responsabilidad de las finanzas públicas, que exigen sacrificios a otros, se mide también en las cantidades reducidas que se van sumando unas a otras y por el criterio de ajuste que debe presidir a todas las administraciones y organismos del Estado.

Independientemente del dinero, el uso de lenguas oficiales en algunas comunidades autónomas en plenos del Senado, con la correspondiente asistencia de traductores y medios técnicos, es un absurdo. Al derecho de utilizar cada lengua debe corresponder el sentido común y la eficiencia de los debates de la cámara. Por el simbolismo de utilizar el euskera, por ejemplo, se producen algunas paradojas: su uso es pedido por senadores vascos que no lo hablan ni lo entienden correctamente y el grupo nacionalista se ve obligado a designar como interviniente en las sesiones no a quien conoce la materia, sino a quien habla el vascuence. Todo un despropósito en el que el damnificado es el debate y el entendimiento, la discusión y la seria confrontación de ideas.

Si se trata de que el ya aminorado Senado sirva para su función parlamentaria lo lógico sería utilizar en él la lengua común en la que todos los senadores pueden entenderse (claro que en el caso de que algunos puedan entender lo que se dice y otros decir algo inteligible). Si alguno, por simbolismo, por reivindicación o por decisión personal quiere utilizar otra lengua debería, para que las sesiones sirvan para lo que están establecidas, hacerlo a continuación en la que pueda ser entendido por todos. Parece tan de sentido común que llama la atención todo el barullo producido y el coste ocasionado.

 

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