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El ex presidente Aznar, al analizar la situación española (y no sé si por carácter o por estrategia), tiene la tendencia de reducir el foco de su cámara personal, lo que hace que el fondo se difumine. Así, el telón sobre el que coloca sus propuestas puede resultar, por limitado o exagerado, útil para la contundencia pero irreal para el observador no implicado en sus objetivos. Con sus declaraciones sobre una hipotética reforma radical del Estado de las Autonomías le ha ocurrido algo de eso: dibujando un panorama exageradamente negro, una especie de quiebra financiera absoluta por culpa de la política económica del Gobierno y un estado de intervención –lo que sería o contradictorio o esperanzador-, la constatación de que no es fácil entender que en España haya diecisiete organismos haciendo lo mismo queda como un objeto parcial y confuso. Parcial y confuso porque no solamente hacen lo mismo y porque se trata de que no hagan lo mismo que otros o de que, de una vez, hagan lo mismo o no se opongan a ello dificultando el ahorro y la unidad de mercado. A veces, un poco de contención en la retórica hace, aunque para algunos entusiastas sea paradójico, que las cosas queden más claras.

Lo que, al mismo tiempo es innegable, es que la deriva del sistema autonómico, por un provincianismo y una voracidad que no tiene color político, hace que el gasto se dispare, se solapen competencias, se genere desorden y se dificulte la actividad empresarial y la creación de riqueza. Todo, además, a costa del contribuyente. En esto tiene toda la razón José María Aznar, a pesar de sus fotografías enrarecidas, y, temerosamente, están de acuerdo con él quienes, aquí o allá, inventaron la Alta Inspección del Estado, sugirieron una Ley para asegurar la unidad de mercado, quisieron imponer la autoridad del Estado en el gasto y en la emisión de deuda, pretendieron organizar racionalmente la educación, asegurar la igualdad de derechos y servicios en materia sanitaria o aseguraron que iban a poner orden en las políticas activas de empleo.

El apego de los españoles al Estado de las Autonomías no es de hecho incompatible con el rechazo al desorden, a la desigualdad y al dispendio económico. Si los dos grandes partidos coinciden en ello deberían ponerse a trabajar seriamente tanto en las reformas necesarias como en la cooperación en las mismas de los dirigentes regionales de uno u otro partido para los que, es todavía imposible negarlo, la identidad es el presupuesto creciente y la administración racional un impedimento para el clientelismo.

 

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